Los 21 migrantes salieron de prisión el 17 de enero, fueron detenidos y luego internados en un centro de la Península. | Alejandro Sepúlveda

La Audiencia Provincial impide que los pasajeros del avión patera sean devueltos a Marruecos sin llegar a ser juzgados. Un auto de la Sección Primera, el tribunal encargado del caso, desestima la petición formulada por la Policía Nacional para ejecutar la expulsión. 21 de los migrantes acusados, todos salvo un palestino y el que supuestamente fingió una enfermedad para forzar el aterrizaje de emergencia en Palma, están recluidos desde hace dos semanas en un centro de internamiento de la Península.

La situación se precipitó a mediados de enero cuando, a partir de la supresión del delito de sedición, la Audiencia acordó su puesta en libertad. Sin ese tipo penal, por el que la Fiscalía les reclamaba cinco años de cárcel, la máxima pena posible por la que acusaba el Ministerio Público era de tres años por coacciones. Después de pasar catorce meses en prisión preventiva se acordó su libertad con restricciones de movimientos. En la puerta del centro penitenciario fueron arrestados y conducidos al juzgado de guardia para que autorizara su internamiento.

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Para hacer efectiva la expulsión era necesaria la autorización de la Audiencia, pendiente de celebrar el juicio. El tribunal deniega ahora el permiso. Razona que, al mismo tiempo que se incoó la orden de expulsión administrativa, se presentó denuncia penal y se los condujo al juzgado de guardia. Los magistrados entienden que es necesario agotar ese procedimiento antes que ejecutar el administrativo.

El auto que les permitía salir de prisión incluía otras limitaciones como retirada de pasaporte, prohibición de abandonar el territorio nacional y obligación de comparecer semanalmente en un juzgado. Ahora tendrán que hacerlo en la Península. Este lunes mismo, la Audiencia también autorizó al principal encausado, Jassine Jahouari, a abandonar Baleares y trasladarse a vivir a Madrid.