La norma otorga al Consell insular instrumentos para, entre otras cuestiones, actuar en materia de recursos hídricos y litoral, así como gestionar la figura de reserva de la biosfera. | Lutz Hirschmann

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El pleno del Parlament ha aprobado este miércoles la Ley Menorca Reserva de la Biosfera, que otorga al consell insular instrumentos para, entre otras cuestiones, limitar la entrada de vehículos, actuar en materia de recursos hídricos y litoral, así como gestionar la figura de reserva de la biosfera, cuando se cumplen 30 años de esta declaración por parte de la Unesco. La nueva norma abre la puerta también a limitar los fondeos en el litoral, medidas de apoyo al sector primario, así como el fomento del consumo de producto local.

Se crea también un mecanismo especial de financiación de cinco millones de euros con aportación del 75% por parte del Govern y del 25 % por parte de la institución insular, cuyo destino deberá fijar una comisión y que servirá para financiar actuaciones de mejora de transporte público e impulso de energías renovables.

El conseller insular de Medio Ambiente y portavoz de Més per Menorca, Josep Juaneda, ha señalado que se trata de un «día histórico» para los menorquines y ha reivindicado que su grupo «se supo plantar» para que el consell insular «aprobara la ley que los menorquines habían decidido». Juaneda ha subrayado que la nueva ley garantiza el futuro y el bienestar de los ciudadanos y que las próximas generaciones puedan tener calidad de vida en un entorno sostenible. Al mismo tiempo, ha defendido que los problemas de los menorquines «se resuelvan en Menorca».

Por su parte, la consellera insular de Trabajo, Vivienda y Cooperación Local y portavoz de Unidas Podemos (UP), Cristina Gómez, ha resaltado la aprobación de una ley «pionera» a nivel estatal. También ha destacado que PSIB, UP y Més «hayan sabido recapacitar y superar los obstáculos a mitad de la negociación».

Durante el debate de la proposición, el diputado del PP Juan Manuel Lafuente, que ha defendido, además, la petición, finalmente rechazada con 24 votos a favor y 32 en contra, del dictamen al Consell Consultiu, ha lamentado que se «haya perdido una oportunidad importante». Según Lafuente, se ha aprobado una «mala ley» para los menorquines y para la ciudadanía en general y que genera «gastos forzosos» que tendrá que asumir el consell insular.

Ha criticado que se «racaneen» cinco millones de euros al Consell insular. En este sentido, ha indicado que si se hubiera aceptado su enmienda de garantizar las aportaciones, se habrían abstenido. «Era una ley que tenía que clarificar y que, sin embargo, complica la gestión con normas que se repiten e introduciendo diferencias entre islas», ha afirmado. Lafuente ha criticado que la norma introduce más burocracia y ha advertido que no asegura la financiación.

En su intervención, la diputada de Vox Idoia Ribas ha lamentado el impulso de políticas que «desalientan» la diversificación y que «solo han conseguido que Menorca sea cada vez mas dependiente del turismo sin consenso» y que contribuirán, a su juicio, al «colapso». También ha advertido de las sombras de inconstitucionalidad.

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Josep Ferrà, por parte de MÉS per Mallorca, ha explicado que la ley es necesaria porque las reservas de la biosfera tienen la consideración de áreas protegidas por instrumentos internacionales, pero sin perjuicio de poder dotarse de herramientas propias para reforzar la protección. El diputado de Unidas Podemos Pablo Jiménez ha defendido que se trata de una ley trata de compatibilizar la preservación del territorio con la equidad social y la actividad económica.

«Aprobamos una ley específica, trabajada e importante para la isla de Menorca. Y lo es por la necesidad de disponer de una herramienta jurídica que refuerce los valores que impulsaron la designación de Menorca Reserva de la Biosfera, por situar a la isla en el plano normativo a la altura de los desafíos ambientales y territoriales actuales y pr disponer de una mayor capacidad de gestión propia», ha argumentado.

Petición al consell consultiu

En relación a la petición al Consultiu, el diputado 'popular' ha recordado que la directora de la Abogacía de la CAIB, que fue diputada socialista, recomendó pedir el dictamen. Sobre este asunto, el diputado de Més per Menorca, Josep Castells, ha recordado que «aquel supuesto informe nunca existió, sino que era un borrador».

Para el 'popular', habría sido necesario pedir el dictamen al Consultiu, entre otras cuestiones, para determinar si una ley sectorial podría afectar en el futuro al reparto de competencias. También ha cuestionado que algunos artículos podrían afectar a competencias estatales. Sobre la petición al Consultiu, la diputada del PSIB Pilar Carbonero ha criticado que intención última del PP con esta reclamación sea «retrasar» la aprobación de la ley.

Juan Manuel Lafuente ha explicado que la única intención es trasladar al Consultiu «las dudas» y ha afirmado que si se hubiera pronunciado a favor de los planteamientos de la ley, el PP le habría prestado su apoyo. Para el 'popular', la izquierda quiere «apuntarse el titular de haber aprobado la ley».

El diputado de Unidas Podemos Pablo Jiménez ha acusado al PP de pedir el informe al Consell Consultiu porque la ley «va en contra de su forma de pensar». La Ley Menorca Reserva de la Biosfera despliega un régimen jurídico de protección, ha añadido el diputado ecosoberanista, que ha defendido igualmente la soberanía de cada isla para afrontar sus retos y desafíos particulares. Al pleno ha asistido la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora, junto a otros cargos de la institución insular, así como miembros del GOB Menorca.