Añade que «realizando el mayor esfuerzo fiscal recibíamos muy por debajo de la media, lo cual nos hacía sentir discriminados». Para intentar corregir esta discriminación, el Cercle creó en 2005 la Plataforma Cívica, con la finalidad de pedir a los partidos políticos un gran acuerdo de financiación para Baleares. «Conseguimos que la mejora de la financiación fuese un objetivo prioritario de todos los partidos», apunta el Cercle.
En este suma y sigue de acontecimientos, indica la institución que la reforma del modelo de financiación aprobada en 2009, bajo el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, «supuso un cambio, ya que salimos de los puestos de cola de la financiación y, actualmente, estamos en la media de la financiación de los servicios básicos».
Con respecto a las inversiones del Estado «siempre hemos estado en los Presupuestos Generales del Estado a la cola en las inversiones per cápita, casi siempre por debajo del 50 %». El informe del Cercle, al respecto, afirma: «No hay criterio de justicia o equidad que los justifique y la reforma de 2009 no supuso ninguna mejora en las inversiones del Estado».
Puntualiza que en esta coyuntura «observamos que las comunidades autónomas mejor tratadas eran aquellas cuyos votos eran necesarios en el Parlamento para aprobar los Presupuestos Generales del Estado y otras leyes». Esta situación cambió de raíz con la aprobación del nuevo REB en 2019, con el que en materia de inversiones estatales Baleares superó ligeramente la media autonómica.
Solidaridad territorial
El REB de 2019, respecto a las inversiones del Estado, creó el factor de insularidad. Las inversiones no se pierden ahora en caso de que no se ejecuten en el plazo indicado, sino que se acumulan para el año siguiente. Sin embargo, su cuantificación anual depende de una Comisión mixta de Economía y Hacienda. En cuanto a la aportación al sistema de financiación, se indica que Baleares es la segunda comunidad autónoma que más aporta a la solidaridad interterritorial, 25 puntos por encima de la media.
«No se respeta el principio elemental de la solidaridad: el que más tiene más aporta. Es necesaria una nueva Ley de Financiación donde se asuma con realismo, claridad y transparencia un reparto equitativo de la financiación de los gastos del estado de bienestar entre los ciudadanos y comunidades autónomas sin privilegios. La falta de criterio en la nivelación y la no aplicación del principio de ordinalidad son un gran problema», enfatiza el Cercle d’Economia de Mallorca. El informe de coyuntura fiscal del Cercle concluye, de ahí su preocupación, que «queda mucho trabajo para que las Islas tengan un sistema de financiación justo».
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Pero si esta bien repartido. Los trabajadores del sector privado y los empresarios pagan trabaja, arriesgan y pagan impuestos, los politicos y funcionarios viven de ello. Repartido.