El Pi quiere que el Govern «garantice los derechos lingüísticos de los usuarios de la sanidad»

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Además, el decreto que obligaba a estas excepciones a presentar la titulación de catalán en un máximo de dos años tras obtener una plaza laboral, quedó anulado por el Supremo. En este sentido, «no entendemos que el Ejecutivo de Francina Armengol no tenga ninguna normativa prevista que garantice los derechos lingüísticos de los usuarios de la sanidad y que, tras un año no se haya hecho nada al respecto», añade Melià. «No puede ser que esto pase con un Govern de izquierdas que, teóricamente, es sensible a la lengua».

El portavoz del Pi en el Parlament defiende que la regulación que se había hecho por decreto y que quedó anulada por forma «era lo suficientemente sensible», ya que permitía el acceso sin acreditar el catalán en categorías deficitarias aunque posteriormente condicionaba su conocimiento al derecho a la carrera profesional o a poder solicitar un traslado. «Ya que el Govern es especialista en hacer decretos ley como churros que se pongan las pilas, queremos una regulación como toca», concluye.