Endesa atribuye buena parte de estos datos al hecho que todos los beneficiarios de este descuento (salvo las familias numerosas, sujetas a la vigencia de su carné) no tengan que tramitar ahora una solicitud de renovación cada dos años para verificar que continúan cumpliendo los criterios de asignación definidos por el Gobierno puesto que, desde la energética, se hace directamente la comprobación con el Ministeri de Transició Ecològica. Aquellos que disfrutaban de la ayuda antes de la entrada en vigor de la nueva normativa tendrán una prórroga automática de dos años después de finalizar el periodo de percepción. Dos meses antes del seguimiento vencimiento, Endesa les avisará para que puedan presentar la solicitud y la nueva documentación acreditativa con los nuevos requisitos. Entonces, las renovaciones también serán automáticas cada dos años, si se cumplen las condiciones.
Endesa prevé que el colectivo de beneficiarios del bono social continúe creciendo en los próximos meses con la nueva categoría que el Gobierno impulsó a finales del mes pasado y que se regula en el Real decreto ley 18/2022: el bono social de justicia energética, dirigido a hogares con ingresos bajos particularmente afectados por la crisis energética. Esta nueva categoría supone la aplicación de un descuento del 40% sobre el precio voluntario para el pequeño consumidor, y estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2023.
Se podrán acoger a esta ayuda para su vivienda habitual las personas que tengan una renta igual o inferior a 2 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas y superior a 1,5 veces la IPREM de 14 pagas.
Otras medidas destacadas
La entrada en vigor del nuevo Real decreto ley 18/2022 amplía los descuentos y los prorroga hasta el 31 de diciembre del 2023. Así, para los consumidores vulnerables la ayuda pasa del 60% al 65%, mientras que para los que se encuentren en situación de vulnerabilidad severa se amplía en un 10% más, pasando del 70% al 80%. Además, se incrementa el número de kWh sobre los cuales se aplican estas bonificaciones, por lo cual, el volumen de energía anual sujeta al descuento se incrementa en un 15% y de forma proporcional a las personas que convivan en la misma vivienda.
También se ha aprobado un aumento en la ayuda mínima por beneficiario del bono social térmico de 25 a 40 euros, para ayudar a consumidores vulnerables en consumos térmicos como, por ejemplo, calefacción, agua caliente o cocinas de gas. Esta ayuda se concede de forma automática a todos los beneficiarios de bono social eléctrico (con la excepción de la nueva categoría de bono de justicia energética).
En cifras: clientes de Endesa en Balears, con bono social
Endesa, en Balears, actualmente tiene 14.594 clientes adheridos al bono social. De estos, 7.689 son familias vulnerables y tienen una rebaja del 65% en la factura del consumo eléctrico, mientras que 6.905 son familias vulnerables severas y se benefician de una reducción del 80%. En cuanto a su tipología, alrededor del 49,50% son personas en situación de vulnerabilidad según criterio de renta, el 43,87% son familias numerosas, el 5,26% son pensionistas, el 1,27% corresponde a colectivos especiales afectados por la crisis económica derivada de la COVID-19 que se han acogido a esta ayuda, y el 0,10% son beneficiarios del ingreso mínimo vital.
Continuidad en el suministro
Además, la normativa protege también aquellos hogares vulnerables que, a pesar de acogerse al bono social, no pueden pagar la factura. En este sentido, la Ley del sector energético estipula que no se puede interrumpir el suministro eléctrico a una vivienda en la que haya, como mínimo, un menor de 16 años en la unidad familiar, o que el titular o uno de los miembros de la unidad familiar sea una persona con una discapacidad igual o superior al 33% o con un grado de dependencia II o III. En estos casos los clientes se tendrán que dirigir a los servicios sociales para que emitan el correspondiente documento de acreditación y, posteriormente, lo tendrán que presentar a su comercializadora de referencia.
Asimismo, los clientes vulnerables en riesgo de exclusión social, es decir, aquellos clientes considerados de vulnerables en grado severo que sean atendidos por los servicios sociales, no tendrán que hacerse cargo de una factura siempre que los servicios sociales acrediten el pago de, como mínimo, el 50% de la factura mencionado a la comercializadora de referencia dentro de los 5 meses posteriores a la emisión de la factura. La comercializadora asumirá el 50% restante.
Finalmente, una normativa reciente ha establecido el suministro vital, una medida destinada en los beneficiarios del bono social que incurran en imago, los cuales tendrán un plazo adicional de 6 meses para hacer el pago de la factura. Durante estos meses no se les podrá interrumpir el suministro, pero, si tenían contratada una potencia superior a 3.5 kilovatios, verán limitada la potencia a 3,5 kilovatios. Esta medida no se tiene que solicitar, sino que el consumidor recibirá de la comercializadora la notificación de la fecha a partir de la cual se le aplicará el suministro mínimo vital.
