Gemma Gallo. La endocrina trabaja actualmente varios días en Creu Roja y lo compatibiliza, como autónoma, en otras empresas, de ahí que buscara un puesto con más estabilidad.

Está especializada en Endocrinología y lleva 15 años ejerciendo en Baleares donde ya llegó con cuatro y medio de experiencia. Cuando la doctora Gemma Gallo vio en verano, a través de una publicación en la Sociedad Española de Endocrinología, una vacante por baja maternal en Son Espases en seguida preguntó por ella. «Me interesé a mediados de agosto, le dije al coordinador del servicio que me interesaba y que me avisara por si tenía que pedir una excedencia pero no me llegó a decir nada», explica ahora. «Me ofrecí y no tenían a nadie».

El tiempo pasó sin tener noticias, la baja sin embargo debía empezar a cubrirse en septiembre. «Reenvié el mensaje a la directora médica de Son Espases que me dijo que se enteraría de qué pasaba pero, al cabo de unos días, seguía sin saber nada», relata la afectada. Y es que en ese momento la oferta no había sido publicada por el IB-Salut, que lo hizo un tiempo después, el 28 de octubre. «Gerencia dijo que lo sacaría por urgencia y, al final, una plaza de baja maternal la ofertaron como una normal de duración indeterminada», añade.

Pese a su declarado interés, el 5 de noviembre le denegaron la petición. «La comisión que evalúa si hay más de un candidato dijo que se contrataría en función las características especiales de la plaza». Y finalmente, la plaza se dio a otra mujer que, según la afectada, «está menos cualificada», denuncia. Ciertamente, Son Espases explica que la selección se hizo por idoneidad del currículum y por experiencia pero el problema de fondo es otro, al no haber una bolsa de empleo actualizada, se pierde el principio de igualdad en el acceso al trabajo en el sector público. Además del currículum, en vez de aportarse méritos se realiza una entrevista con los candidatos.

Frente a esta resolución, la doctora Gallo explica que «he pedido ver su expediente y el 22 de noviembre presenté un recurso de anulación de la plaza, cuando se cumpla un mes pondré un contencioso administrativo», anuncia. «Simplemente es una asignación injusta, apelada, sin criterio legal y que sigue adelante pese a haberse recurrido», añade.

Junto con un abogado se está asesorando legalmente de las vías a seguir frente a un proceso que tilda de irregular. Por otra parte, también critica al sindicato UGT, al que está afiliada, al considerar que se le dio la espalda cuando realizó su reclamación.