«Para trabajar en la prevención de los casos de secuestros parentales tenemos que saber en qué Comunidades se producen estas sustracciones, también el rango de edad del menor y en qué país han sido llevados». Javier Somoza, presidente de la Asociación nacional NISDE, y padre víctima de secuestro, es contundente con el Gobierno y estas son los datos que cree necesario publicar para acotar este crecimiento de diligencias. Porque en lo que llevamos de año se han registrado 283, mientras que en 2021 fueron de 434 casos.

Cree que no hay suficiente trabajo de prevención en este país, pero desde la Asociación, que nació en 2016, tienen un papel determinante para los padres y madres víctimas de un secuestro de su hijo o hija. Y es que han atendido a a más de 400 personas este año, la gran mayoría padres. Confiesa que Baleares es unas de las Comunidades donde más diligencias hay, de hecho recuerda en esta entrevista que «el tribunal europeo de los Derechos Humanos condenó a España por un caso de secuestro ralentizado en Palma».

‘Modus operandi’

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Javier detalla el modus operandi cuando se da una situación de sustracción. Normalmente aparece tras una ruptura. «En casi todos los casos, cuando el padre pide la custodia compartida, la tónica es la misma: los hombres son denunciados por violencia de género, lo que automáticamente se paraliza la petición hasta que no se resuelve la demanda».

Sin embargo, existe un convenio de la Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores desde 1980. Pero hay países, como Polonia que no ofrecen facilidades, lo que dificulta más su búsqueda.

«Un padre tarda años en recuperar al menor fuera. Mi hijo lleva seis años desaparecido en Rusia. Mi ex me dijo que no lo volvería a ver y así fue», relata Javier, quien constata que en 2019, Justicia informó que solo se devolvieron entre un 8 y 10% de menores sustraídos. Más del 90 % de los casos se pierden para siempre».