El Ajuntament de Palma ya cambió la nomenclatura de algunas calles como la Avinguda Joan March. | M. À. Cañellas - M.A. CAÑELLAS

La Vicepresidència i Conselleria de Transició energètica, sectors productius i memòria democràtica ha enviado una carta a 13 ayuntamientos de Mallorca instándoles a retirar elementos y monumentos de simbología franquista de titularidad municipal y a cambiar el nombre de las calles incluidas en el Censo de símbolos leyendas y menciones franquistas de Baleares, presentado en el Parlament en 2020. Es el paso previo a la apertura de expedientes sancionadores que podrían concluir en multas, en cumplimiento de la Llei 2/2018 de 13 de abril de memoria y reconocimiento democráticos de las Illes Balears. Transcurridos los plazos legalmente previstos, si los ayuntamientos no actuaran conforme a la ley, el Govern podría retirar los símbolos y leyendas de forma subsidiaria.

La ley daba un plazo máximo de un año (a contar desde su publicación el 19 de abril de 2018 en el BOIB) para retirar todos los símbolos y referencias franquistas incluidas en el censo, pero solo una mínima parte han desaparecido a día de hoy, según la secretaría autonómica.

«Y en los lugares de la lucha donde brilló el fuego de las armas y corrió la sangre de los héroes elevaremos estelas y monumentos en que grabaremos los nombres de los que con su muerte, un día tras otro, van forjando el templo de la Nueva España, para que los caminantes y viajeros se detengan un día ante las piedras gloriosas y rememoren a los heroicos artífices de esta gran Patria española». La frase de Francisco Franco Bahamonde que recoge el Censo de símbolos, leyendas y menciones que el historiador Bartomeu Garí incluyó en el capítulo dos del documento, explica perfectamente la realidad de muchas ciudades y pueblos de España casi cincuenta años después de la muerte del dictador. Baleares no escapa a esa realidad.

El censo de símbolos, leyendas y menciones franquistas de Baleares incluye propiedades públicas (municipales, estatales o internacionales) y privadas. Vicepresidència solo ha enviado esta semana el requerimiento escrito a los ayuntamientos. La misiva va dirigida a Ariany, Capdepera, Inca, Llucmajor, Mancor, Marratxí, Muro, Palma, Puigpunyent, sa Pobla, Santanyí, Ses Salines, Sóller.

La mayoría de referencias franquistas que quedan en espacios de titularidad municipal en Mallorca son calles con nombres que «homenajean a personajes ligados al franquismo en cualquiera de sus formas», según el censo oficial. Habría una en Ariany (Miquel Truyols Sureda), una en Capdepera (Joan March Ordines), dos en Inca (Mossèn Andreu Caimari y Rector Francesc Rayó Brunet), cuatro en Llucmajor (Gómez -Ulla, Almirante Moreno, Almirante Vierna, Marinero Moll Duniach), una en Mancor (José Ferrer Ibáñez), cuatro en Marratxí (Gabriel Fuster Mayans, Andreu Juan Carrió, Gómez-Ulla, Pere Canyelles Rigo), una en Muro (Gómez Ulla), siete en Palma (Bisbe Miralles, Canonge Antoni Sancho Nebot, Francesc Suau Saiz, Gabriel Cortés Cortés, Gabriel Fuster Mayans, José de Oleza y de España y Bisbe Planas), dos en sa Pobla (Calvo-Sotelo y Gómez-Ulla, dos en Santanyí (Gómez-Ulla y Crucero Baleares), una en Ses Salines (Joan March Orines) y un parque público en Sóller (Infante Lois).

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En el listado hay también varios monumentos: la cruz de los caídos de Capdepera, el monumento de sa Feixina de Palma, dos medio relieves dedicados a Gabriel Fuster Mayas ‘Gafim’ y al religioso Atanasio de Palafrugell en Palma y una inscripción de piedra en la calle Palau Reial de Palma.

«Cuando llegamos a la Conselleria teníamos un documento en Excel con unas 80 entradas del censo, algunas de ellas múltiples. En Ibiza han sido muy eficientes y han quitado prácticamente todo, pero en cambio en Mallorca está resultando más complicado. Por eso hemos hecho este requerimiento que es el paso previo a la apertura de expedientes sancionadores que pueden concluir con sanciones económicas. Nuestro objetivo no es recaudatorio, queremos que la simbología fascista se elimine porque así lo dice la ley», explica el secretario autonómico de Memòria Democràtica, Jesús Jurado.

Entre los municipios que han cumplido el mandato de la Llei de Memòria y han eliminado todos los monumentos, símbolos y nomenclaturas franquistas de sus propiedades antes de recibir el requerimiento o están «en proceso de retirada o recontextualización» encontramos a Artà, Bunyola, Calvià , Manacor y Son Servera. Otros como Palma o Inca solo lo han hecho parcialmente.

Desde su publicación en 2018 el Censo de símbolos, leyendas y menciones franquistas de les Illes Balears ha sufrido varias bajas, en Palma y Pollença. Se trata de las calles Almirall Cervera, Almirall Churruca, Almirall Gravina y Gabriel Rabassa de Palma que salieron del listado en 2021 en medio de una fuerte polémica y presión vecinal. Finalmente los expertos concluyeron que dado que los almirantes Cervera, Churruca y Gravina murieron antes de que naciese Franco, no cabía su retirada aunque algunos barcos franquistas llevaron su nombre. Siguiendo la misma argumentación la calle Toledo está «pendiente de recontextualización». La idea es que pase a llamarse calle Ciudad de Toledo para eliminar así cualquier posible referencia a la batalla de Toledo de la Guerra Civil. La calle Almirante Cervera de Pollença también ha salido del censo por los mismos motivos que la de Palma.

«Retirar la simbología fascista de nuestras calles es necesario para que nuestros paisajes urbanos sean democráticos. Si en una ciudad o un pueblo tienen un espacio cuyo nombre es ofensivo o revictimiza a un colectivo de víctimas que aún tiene desaparecidos en las fosas lo lógico es que se sustituya por otro nombre», dice el Secretario Autonómico de Memòria Democràtica, Jesús Jurado. Jurado apela a la «responsabilidad democrática» de todas las instituciones de Baleares que todavía mantienen nomenclaturas y simbología franquista en sus territorios.

Tras la aprobación de la ley estatal de memoria democrática el pasado mes de octubre, también está previsto que se elabore un censo estatal de elementos y nomenclaturas contrarias a la memoria democrática que muy probablemente incorporará el censo aprobado en Baleares. A partir de ese momento los propietarios de espacios, monumentos o inmuebles incluidos en el censo podrán ser multados por el Gobierno central si no retiran o recontextualizan los símbolos.