Los doce acusados, al inicio del juicio que se celebra esta mañana en un juzgado de lo Penal de Palma.

Once de los acusados por la trama para presentar certificados falsos de catalán en Emaya han este jueves en el juicio, celebrado en el Juzgado de lo Penal 3 de Palma. Todos ellos asumen que emplearon documentos falsificados para participar en una oposición a peón de aguas en el año 2018. Aceptarán una condena de seis meses de cárcel y el pago de una multa de 540 euros.

El único de los encausados que defiende su inocencia es un antiguo miembro del comité de empresa. La Fiscalía sostiene que fue el encargado de facilitar documentos a uno de los que sí han confesado. La prueba fundamental en su contra son unas capturas de pantalla de un móvil aportadas a la Guardia Civil por un miembro de un sindicato rival y que el acusado niega que respondan a una conversación suya. Afronta una petición de dos años de cárcel por parte de la Fiscalía y de la empresa municipal, que ejerce la acusación particular.

El caso fue llevado por Emaya ante la Fiscalía después de que la empresa municipal detectara varios documentos falsos y recibiera denuncias de trabajadores. Uno de los acusados ha asumido que había numerosos rumores entre la plantilla que afirmaban que se estaban comprando esas titulaciones por 140 euros. Uno de los guardias civiles que participó en la investigación de la trama ha declarado que se trataba de documentos «burdos» que fueron fácilmente identificados como falsos por parte de la Dirección General de Política Lingüística. Buena parte de los responsables también han afrontado procesos disciplinarios que han terminado con su expulsión de la empresa pública de aguas.