Francesc La Roca, Miquel Mir, Joana Maria Garau, Guillem Rosselló y Juan Calvo, en la jornada. | Jaume Morey

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, explicó este jueves, en la inauguración de la jornada El cicle urbà de l’aigua davant els reptes globals a zones turístiques, que el 57,4 % de las aguas residuales que llegan a las depuradoras de Baleares supera el umbral de salinidad establecido para poder ser reutilizadas en usos agrícolas. De este modo, el conseller destacó que «la salinización es el principal obstáculo para la reutilización de las aguas residuales de las Islas. Esta problemática afecta principalmente a los núcleos costeros, donde se concentra la mayor parte de la actividad turística».

Un total de 32 de las 79 depuradoras que gestiona la Agència Balear de l’Aigua (Abaqua) presenta este problema. Más allá del dato, hay seis depuradoras de Mallorca (Colònia de Sant Jordi, Platja de Muro, Capdepera, Santanyí, Cala d’Or y Cas Concos) en el que el 100 % del caudal que llega a sus instalaciones presenta un exceso de salinidad. En este sentido, Mir destacó que «las depuradoras no están diseñadas para desalinizar el agua residual y, por tanto, este problema no tiene nada que ver con la calidad del proceso de depuración».

En la mayoría de los casos, la salinización en las redes municipales de alcantarillado se produce por la intrusión marina en canalizaciones en mal estado. Asimismo, y refiriéndose a otros problemas de la gestión hídrica, Miquel Mir recordó que, anualmente, las redes municipales de agua potable pierden 35 hectómetros cúbicos (casi tres veces los embalses del Gorg Blau y Cúber juntos) y que sólo la evaporación en las piscinas supone la pérdida de 6 hectómetros cúbicos, casi el equivalente del Gorg Blau.

En esta línea, el conseller apuntó que, en esta legislatura, el Govern ha destinado 15 millones de euros a los ayuntamientos para mejorar la gestión de las redes municipales y que está apunto de aprobarse una nueva convocatoria por un importe de 20 millones. Además, existen unas ayudas específicas por 2,6 millones de euros para actuaciones en las redes de abastecimiento de los municipios de menos de 20.000 habitantes. Para Mir, «aquí no se trata de culpar a nadie, sino de definir problemas, diseñar soluciones y ayudar a quienes tienen las competencias, en este caso los ayuntamientos».