La consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad del Govern, Mercedes Garrido, y la directora general de Función Pública, Carme Palomino.

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Baleares recibirá 13,6 millones de euros para la modernización y digitalización de la administración pública este y el próximo año, en el marco del acuerdo para el reparto de los recursos destinados a la transformación digital. La consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad del Govern, Mercedes Garrido, y la directora general de Función Pública, Carme Palomino, han participado en la Conferencia Sectorial de Administraciones Públicas, presidida por la secretaria de estado de Función Pública del Gobierno, Lidia Sánchez. Con el voto a favor de Baleares, se ha aprobado el reparto de fondos para la modernización de la administración de las comunidades, provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para 2022 y 2023, por los cuales las islas recibirán un total de 13,6 millones de euros, ha detallado la Conselleria en una nota.

En concreto, las Islas recibirán 5.702.814 euros entre este año y el año que viene para políticas de modernización y digitalización de la administración, y 7.967.920 euros para proyectos que se dirigen a la transformación digital en el ámbito sanitario. En el primer caso, los objetivos serán favorecer una administración orientada a la ciudadanía, el uso de tecnologías de automatización inteligente, democratizar el acceso a los datos por parte de la ciudadanía, dotar las administraciones de infraestructuras tecnológicas y garantizar la ciberseguridad. En cuanto al segundo bloque de recursos, incidirán en varios aspectos como la mejora de la operabilidad, el desarrollo de nuevos servicios digitales y el impulso a la analítica de datos y la explotación de la información en el Sistema Nacional de Salud. Desde el ejecutivo balear han avanzado que serán prioritarias las acciones que doten de servicios digitales los centros de salud de atención primaria, que mejoren la atención personalizada al paciente y que impulsen la transformación digital de los servicios de gestión no asistenciales.

El Govern gestionará estos recursos enfocados a la prestación eficiente de los servicios públicos y su potencial sobre la transformación del tejido productivo, el crecimiento y el bienestar de la ciudadanía. De esta manera, se pretende hacer más accesible la administración para la ciudadanía en todo el territorio, modernizar los diferentes procesos, reforzar la capacitación del conjunto de trabajadoras y trabajadores públicos y agilizar todos los procedimientos administrativos. Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla recibirán entre este año y el próximo más de 460 millones de euros en créditos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia destinados a la transformación digital y modernización de sus respectivas administraciones públicas.

La distribución territorial de esta cantidad, correspondiente a la anualidad de 2022, ha sido aprobada este miércoles en la Conferencia Sectorial de Administración Pública, en la que se han reunido -por videoconferencia- representantes de los ministerios de Hacienda y Función Pública, Asuntos Económicos y Transformación Digital y Sanidad, de las comunidades autónomas, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En concreto, se han establecido los criterios de reparto y se han repartido 460.372.255 euros, de los que 239.072.255 euros se distribuirán este año y 221.300.000 euros en 2023, ha informado el Ministerio de Política Territorial. Con estos fondos se financiarán actuaciones de digitalización y modernización de las administraciones públicas autonómicas para la mejora de la atención al ciudadano y de la gestión de los datos, para renovar infraestructuras digitales y para aumentar la ciberseguridad. El 84 % del importe se ha distribuido proporcionalmente a la población entre las comunidades y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), que gestiona las prestaciones sanitarias para Ceuta y Melilla; el 10 % mediante una cantidad fija igual a cada territorio y el 6 % restante a repartir entre las autonomías que se postulen para liderar proyectos que se ejecuten de manera colaborativa.