Diana Martín aparece con sus dos hijos, de tres y cuatro años, a las puertas del Centro municipal de Acogida de la calle Socors, donde tuvo cita este lunes para pedir plaza. | Teresa Ayuga

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Imaginen la siguiente situación: una mujer entra en un piso de alquiler y el propietario le pide el mes en curso y otro de fianza. Los meses transcurren sin problema. Un día llega un aviso de desahucio en las próximas semanas, pero no va dirigido a ella, sino al verdadero inquilino de ese inmueble.

Diana Martín, de 33 años, es la protagonista de esta película. Desde este lunes está en la calle con sus dos hijos, de tres y cuatro años, y con la mitad de sus pertenencias en el piso en el que vivía desde febrero de 2022. Es víctima de una estafa en su contrato de alquiler.

El supuesto propietario, que era el inquilino, le había subarrendado este inmueble ubicado en el Camí Salard. La mujer le pagaba al mes 550 euros, que era lo acordado, además de un mes de fianza que no recuperará. Un juzgado de Palma ejecutó este lunes el desahucio, a pesar de que Diana intentó contarle la situación al abogado de los auténticos propietarios del edificio pero sin éxito. «Ahora estoy en casa de una amiga a la espera de acudir al Centro de Acogida y me pueda ofrecer plaza», lamenta a este medio.

Carta

Diana Martín trabaja en el sector hostelero. Es portuguesa pero lleva nueve años en Mallorca. En julio viajó a su país. «Cuando regresé, encontré en el suelo un aviso de desalojo con fecha del 5 de septiembre [lunes]». No iba dirigido a ella y se preguntó que «cómo me iba a ir a la calle si pago cada mes». Se percató así que su contrato era falso. «Al recibir la carta, llamé al que me alquiló el piso para pedirle la escritura porque vi que sus datos no coincidían con la persona que decía ser. Me dijo que a lo largo de ese día se pasaría, pero no lo hizo y está incomunicado, no puedo llamarle». «Este lunes han venido los del juzgado y pregunté si me podían dar algunos días, pero me lo negaron. Me dieron 30 minutos para recoger las cosas».

Estos casos son más habituales de lo que nos pensamos. Lo afirma Jordi López, del despacho Riutort Valle Abogados. «Llevamos varios casos similares y nos hemos dado cuenta que es una necesidad y responde a perfiles sin recursos que no les queda otra vía que subarrendar la vivienda porque no pueden afrontar el precio». López aconseja que antes de entrar en un piso de alquiler «se pida una nota simple del inmueble o la escritura para corroborar quién es el propietario real». Recuerda que en estos casos, la ley no protege a la víctima de una estafa –el subarrendado–, sino a la propiedad.