Baleares, entre las seis comunidades más afectadas por la okupación

«El incremento de los casos registrados se debe precisamente a la laxitud y la poca claridad de la ley, lo cual da muchas alternativas a los okupas para invadir la propiedad ajena con total impunidad», aseveran desde este organismo. Natalia Bueno, presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears, incide en que la falta de legislación es el verdadero caldo de cultivo de un problema creciente y sin visos de poder ser atajado en un futuro próximo.

«Hasta a los abogados y a los cuerpos de seguridad les cuesta interpretar la ley: no es clara y hay que proteger a la propiedad privada, sea segunda residencia o tercera», reivindica Bueno para señalar que «debería bastar con presentar un certificado del registro de la propiedad» para que los agentes de la ley pudieran intervenir de inmediato en defensa de los propietarios.

Jaime Cabrero, tesorero del Consejo General, defiende «un pacto de Estado» para llegar a un consenso y a una solución efectiva, así como aclarar de manera definitiva conceptos como vulnerabilidad, propiedad privada y usurpación, dado que la volubilidad de sus definiciones en la actualidad es la causante de que «la resolución de los procesos judiciales se eternice».

Por su parte, la responsable del área de Asesoría Jurídica del Consejo, Montserrat Junyent, hace hincapié en «el efecto negativo que ha tenido la tolerancia a la hora de legislar sobre vivienda en España». Un hecho del que han sacado provecho muchos okupas que, argumenta Junyent, operan cobijados bajo el paraguas de la permisiva legislación actual y «al amparo de la supuesta vulnerabilidad de algunos colectivos».