Antonio Copete (UGT), Silvia Montejano (CCOO), el conseller Iago Negueruela, Maria Frontera (FEHM) e Isabel Castro, en 2018, cuando se aprobó el último convenio. | Pere Bota

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Los sindicatos UGT y CCOO ya están planificando la estrategia negociadora de cara al próximo convenio de hostelería en Balears, que deberá estar firmado antes del inicio de la temporada turística 2023, a principios de abril. El incremento salarial mínimo anual que exigirán ambas centrales sindicales a la patronal de hostelería y restauración será de un 10 %, porcentaje que variará al alza dependiendo de cómo evolucione la inflación y el IPC anual en el segundo semestre de 2022.

El actual convenio, firmado en 2018 con un aumento salarial del 17 % en cuatro años, que se ha prorrogado un ejercicio más por la pandemia, finaliza en enero del próximo año. La plataforma negociadora del nuevo convenio se constituirá de forma inmediata en febrero para ultimar todas las condiciones, pero la actual coyuntura inflacionista y encarecimiento de todas las materias primas hace prever una dura negociación y los sindicatos ya tienen asumido que va a generar conflictos laborales, apuntan los secretarios generales de la Federación de Servicios de la UGT y CCOO, José García Relucio y Silvia Montejano, respectivamente.

Imagen de Inmaculada Benito en la firma del último convenio.

Los intereses de la patronal de restauración y hostelería van a chocar de frente con las peticiones de los sindicatos en su defensa de los más de 150.000 trabajadores de este sector en las Islas. En esto coinciden asesores laborales y los propios empresarios. Los sindicatos manejan dos estrategias muy diferentes. Una se centra en negociar un convenio de larga duración, como el que está vigente, y otra en apostar por un convenio con una duración máxima de dos años para así introducir cláusulas de revisión salarial acorde con los desvíos que se produzcan en el IPC. Esta última opción es la más factible «porque se pueden incluir todo tipo de cláusulas de revisión dependiendo de cómo evolucione la inflación y resto de indicadores económicos», apunta José García.

Los dos sindicatos coinciden en señalar que el aumento salarial mínimo será de un 10 % por año para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo.    Silvia Montejano puntualiza: «El objetivo es que los trabajadores de hostelería se beneficien y mejoren sus condiciones laborales, sociales y económicas en una coyuntura tan inflacionista como la que estamos viviendo en plena post pandemia y con el IPC disparado». Los dos secretarios generales de la Federación de Servicios afirman que tanto hoteleros como restauradores «han repercutido en estos meses los incrementos de precios en todo tipo de productos de alimentación y bebidas por el efecto de la inflación». García añade que «han repercutido la inflación en los consumidores, de ahí la evolución al alza de los precios en restauración y en hostelería». Montejano señala que «es posible incrementar los salarios en la actual coyuntura pese a lo que digan los empresarios».

UGT y CCOO se han marcado como estrategia que los salarios suban según lo marque el IPC. Puntualizan que el Instituto Nacional de Estadística (INE) «es el que da a conocer cómo se repercute la inflación en todos los servicios, en este caso en la oferta de alojamiento turístico y de restauración». El convenio vigente supuso un avance y situó a Balears como un referente para otras autonomías turísticas. El Govern y el Gobierno central han destacado siempre el esfuerzo de los empresarios baleares para mejorar la calidad laboral y el poder adquisitivo de sus trabajadores.

Punto de vista
Josep Pons Fraga

Pacto de rentas

Josep Pons Fraga

En la primera mitad de este año el precio de la cesta de la compra aumentó un 8,45 por ciento, pero los sueldos negociados por convenio han logrado una subida del 2,45 por ciento. Los precios suben casi tres veces más que los salarios. El Gobierno anunció hace unos días, con la boca pequeña, un pacto de rentas para contener la inflación y repartir las cargas entre las empresas y la familias. Pero no se está negociando, porque los sindicatos reclaman una subida salarial similar a la inflación, exigencia que los empresarios no están dispuestos a asumir.