Pepita Costa Tur posa para este diario durante una visita a Palma. | Teresa Ayuga

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Pepita Costa Tur (Sant Josep, 1967) tiene un alarga experiencia como representante de la familias de alumnos y, desde el año pasado, es presidenta del Consell Escolar de les Illes Balears. Es un cargo cargo desde el cual aspira visibilizar el trabajo que se hace desde este organismo independiente que representa a toda la comunidad educativa.

¿Cómo se encontró el Consell Escolar al asumir el cargo?
— Durante todos los años en los que ha estado presidido por Pere Carrió se ha hecho un trabajo de normalización y de establecimiento de un nuevo reglamento, el más democrático de todo el Estado, porque la elección del presidente se    hace entre los miembros del Consell y no por designación del conseller d’Educació. Yo ya era miembro y representante de las familias e intentaré impulsar cambios.

¿Cómo cuáles?
— Pese a ser un órgano consultivo, sería un despropósito no tener en cuenta lo que decide el Consell porque representa a docentes, directores, sindicatos educativos, administrativos, inspectores, familias e incluso al alumnado, aunque hay que mejorar esta representación porque ahora es deficitario. Hay que visibilizar el trabajo que se hace porque los mismos centros educativos desconocen lo que hacemos y los resultados de los informes hechos. Esto es un propósito de mejora. Debemos potenciar la formación haciendo cursos y charlas.

¿La Conselleria d’Educació tiene en cuenta vuestras propuestas?
— La percepción de la comunidad educativa sobre la Conselleria es positiva porque intenta tener en cuenta las diversas propuestas que le llegan. Sobre los informes que hace el Consell, mayoritariamente se han tenido en cuenta. Están abiertos al diálogo, aunque a veces los tiempos de la administración lo imposibiliten tal y como nos gustaría a todos. Ha pasado con la implementación de los currículos.

Ha habido muchas quejas de los sindicatos sobre las prisas para implantarlos...
— Los centros todavía trabajan con borradores porque todo se ha retrasado por parte del Ministerio. Hemos hecho un trabajo sobre los borradores porque si hubiéramos tenido que esperar a su aprobación no habría dado tiempo. Son cambios que realmente son muy importantes y consideramos que son ventanas de oportunidad para una modernización necesaria del sistema educativo. El enfoque competencial es importantísimo para garantizar la equidad y la inclusión. Esto implica una formación porque el docente es la clave para realizar estos cambios que no son posibles de un año para otro. Por eso pedimos una implantación progresiva, y nos han respondido que flexibilizaran su desarrollo.

¿Qué ha incumplido la Conselleria?
— Tenemos un problema de infraestructuras grave más acentuado en algunas zonas de Balears, como Eivissa. No podemos afrontar una reducción de ratios sin tener espacios suficientes. Son muchos años reclamando una inversión importante y parece que no llegamos. En los últimos años, ha habido un aumento progresivo del alumnado que se ha frenado con la pandemia. Tenemos que contar con las instalaciones adecuadas y en muchos lugares de Mallorca y Eivissa no está pasando. En cambio, en Formentera y Menorca no es tan problemático.   

¿La atención a la diversidad tampoco se está tratando como toca?
— Cada vez hay más alumnos que requieren apoyo educativo. Es verdad que esto ahora se detecta y diagnostica más, y eso implica más recursos y formación. Por eso valoramos tanto los nuevos currículos si se desarrollan bien. Hay una queja generalizada de las familias sobre esta atención que reconocemos que se ha mejorado. Aun así hay que seguir avanzando.

¿Qué opinión le merece la nueva ley educativa balear?
— Desde el sector la apoyamos sabiendo que no es la que nos gustaría completamente, pero si cada entidad se agarra solo a lo que considera mejor no se llega a consensos. No hay cultura del consenso, pero la ley era necesaria y es una buena base a desarrollar.

¿El catalán eclipsó el debate?
— Se le dieron muchos titulares cuando no era tan importante. En general, todo el mundo defiende que la lengua propia de las Islas, que es el catalán, tiene que ser vehicular porque está minorizada y socialmente pierde espacio. Por eso, hay que darle una protección especial y la escuela es la principal entidad para darle esta fuerza que necesita. La lengua y la cultura no se deben de instrumentalizar cuando este tema mayoritariamente no es una fuente de conflictos en los centros. Aunque alguna familia presente alguna denuncia, porque cada uno tiene derecho a hacerlo, pero la realidad nos dice que el que retrocede es el catalán y no el castellano. Hay que reforzar las competencias de ambos idiomas además de una lengua extranjera, como establece la ley.

¿La ley realmente capta la esencia de Illes per un Pacte Educatiu?
— No totalmente, pero la idea era buscar un pacto. Muchos aspectos se han trasladado a la normativa y otros se podrán ver con el desarrollo de los currículos. La profesión docente está por desarrollar. La mejora de la formación inicial es vital y Miquel Oliver, junto a su equipo de la Factultat d’Educació de la UIB, trabaja en esto, pese a que todavía no se ha visibilizado. Debemos ser conscientes de que el sistema educativo no está hecho a la medida del alumnado, está en otros parámetros y esto lo demuestra el número de estudiantes que empiezan y acaban la ESO. El sistema les hecha, no da alternativas, pero la nueva ley busca dárselas. Secundaria es obligatoria y no podemos echarles. No es el alumno el que fracasa es el sistema y, por eso, hay que transformarlo. No es fácil, pero hay que seguir intentándolo. Querer alcanzar la utopía nos tiene que guiar para que el alumnado no abandone y sea feliz.