Imagen del Parc Natural de Llevant.

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El Consell de Govern ha aprobado este lunes un proyecto de modificación de la Ley de Conservación de Espacios de Relevancia Ambiental (Leco) que contempla la ampliación de las medidas cautelares de suspensión de licencias y actividades en áreas para las que se tramiten nuevos planes de protección. El conseller de Medio Ambiente, Miquel Mir, ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión semanal del ejecutivo para exponer algunos de los cambios propuestos para la Leco, una ley de 2005 que, según ha subrayado, requería de una actualización para adecuarla a las normativas estatales y europeos.

Mir ha puesto el acento en la introducción del precepto para que durante la tramitación de los planes de ordenación de recursos de los parques naturales, y de los referidos a zonas de especial protección para las aves (ZEPA) y de los de los Lugares de Interés Comunitario (LIC) se podrán suspender licencias municipales o parar la tramitación de planes urbanísticos. El conseller ha subrayado que estas medidas preventivas podrán ser adoptadas por acuerdo del Consell de Govern siempre que se justifique que la suspensión es necesaria para preservar el medio ambiente ante amenazas. Mir ha hecho hincapié en la novedad que representa que la suspensión preventiva ante tramitación de planes de ordenación se extienda a las figuras de protección europeas de la Red Natura 2000, que son los LIC y ZEPA.

Además, la reforma de la ley pretende dar un «impulso a la restauración ambiental» incentivando las acciones de recuperación tras infracciones urbanísticas. Para ello, por un lado se reducirán las sanciones en caso de restauración voluntaria y se incrementarán las multas firmes un 10 % mensual en caso de incumplimiento de órdenes de rehabilitación de espacios degradados. Además, la «nueva» Leco contempla la creación de un catálogo de especies exóticas invasoras que facilitará las medidas para su erradicación, así como la redacción de un protocolo de bioseguridad. Mir ha indicado asimismo que se habilitará un fondo de patrimonio natural que acumulará recursos económicos para proyectos de rehabilitación medioambiental. El texto que se remitirá al Parlament, que supone el cumplimiento de uno de los puntos recogidos en los Acuerdos de Bellver, fija un plazo de 4 años para la presentación de un proyecto de ley de patrimonio natural.