La Fiscalía pide 26 años de cárcel para 11 acusados por una protesta de Arran en Palma

Las defensas han cuestionado los reconocimientos fotográficos del informe policial en que se basan las acusaciones, han considerado muy endebles las pruebas incriminatorias y han lamentado por desproporcionadas unas peticiones de pena que no responden a hechos que no supusieron una alteración de la paz pública contraria a derechos fundamentales de los afectados. En su informe final, el fiscal ha apuntado que sus peticiones de pena pueden ser criticables, pero «son legales», y ha lamentado que algunos medios hayan bautizado esta causa como el «caso Confeti», cuando para él deberían haberlo llamado «caso Bengala» porque este elemento, sumado a los botes de humo, fue el que causó el peligro que justificaría condenas de prisión para los procesados. Ha destacado que la manifestación fue «ilícita» porque no se comunicó a la Delegación del Gobierno, que participaron de 30 a 40 personas y que se prolongó durante 20 minutos en los que si ni la Policía Portuaria, la Policía Nacional ni la Guardia Civil apreciaron riesgos relevantes es porque llegaron cuando la concentración se estaba disolviendo.

El fiscal ha considerado que se atentó contra derechos fundamentales de los clientes del restaurante, los paseantes y los navegantes próximos a la protesta como su «libertad y seguridad» y ha apelado al miedo que pasaron los turistas, que pudieron pensar, ha argumentado, que iban a ser víctimas de un ataque terrorista como el ocurrido dos años antes en una playa de Túnez donde murieron ametrallados 38 turistas. El abogado defensor de ocho de los acusados, incluido el absuelto, ha censurado las comparaciones del fiscal y subrayado que la propia Policía no apreció ningún ilícito penal en su informe, que elaboró inicialmente solo con el propósito de que sirviera para imponer sanciones administrativas.

«No ha habido actos de violencia sobre personas ni cosas», ha subrayado el letrado, quien ha lamentado la indefinición de la acusación respecto a qué actos concretos cometieron cada uno de los acusados y ha abundado en las numerosas pruebas que acreditan que muchos de ellos no estuvieron en la manifestación. De «acusación absolutamente desproporcionada y exacerbada» ha calificado el planteamiento de la Fiscalía otra letrada, defensora de tres procesados que han presentado testigos para confirmar que no estuvieron en el lugar de los hechos. El defensor de un acusado que presentó testigos y pruebas materiales para tratar de demostrar que estaba a 70 kilómetros del Muelle Viejo de Palma ha confiado en que se les dé más crédito que a un reconocimiento a partir de fotografías presentadas al dueño del restaurante por la Policía. El caso ha quedado visto para sentencia.