La consellera de Presidència en una imagen de archivo. | Sonia Ribas

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Las Islas Baleares abrirán el año que viene un centro de crisis de atención integral 24 horas para las víctimas de violencia sexual con 1,6 millones de euros adjudicados por parte del Gobierno central. «Se trata que las mujeres no tengan miedo de denunciar y que sepan que serán muy bien atendidas por esta infraestructura que pondremos en marcha con los Consells insulars y el Gobierno estatal», ha informado la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido. Este centro ofrecerá una línea de información y atención telefónica y telemática y un servicio de intervención en crisis o emergencias las 24 horas, intervención psicológica, jurídica y social especializada y un servicio de acompañamiento presencial.

También se desarrollarán acciones de sensibilización y prevención. Garrido ha dado más detalles sobre la creación del centro este viernes en unas jornadas de buenas prácticas sobre los centros de crisis para atender víctimas de violencia sexual organizadas por el Institut Balear de la Dona, ha informado la Conselleria de Presidencia, Función Pública e Igualdad en una nota.

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El acto ha supuesto una formación de experiencias y buenas prácticas para trabajadoras en el ámbito de la igualdad en las Islas Baleares y ha contado con las ponencias de la coordinadora contra la violencia de género del Instituto Asturiano de la Mujer, Manuela Suárez; la directora de la Fundación para la Convivencia ASPACIA de Madrid, Virginia Gil, y de la abogada y miembro del Lobby de Mujeres de Mallorca Francisca Mas Busquets. Por parte del Govern, ha participado la directora del IBDONA, Maria Duran.

«La participación de la comunidad autónoma de Asturias y de la ciudad de Madrid es fundamental en esta formación porque son las dos únicas administraciones que tienen abierto un centro de crisis de este estilo», ha destacado la nota. En la jornada también se ha debatido sobre la Ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, aprobada por el Congreso el 27 de mayo, la cual prevé la creación y el mantenimiento de estos centros y establece una tipificación de los delitos sexuales basada en el consentimiento.