José María Rodríguez, durante el juicio del ‘caso Over’ en el año 2018.    | Jaume Morey

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El Tribunal Supremo deliberará y resolverá el próximo seis de julio el recurso del exdelegado del Gobierno en Balears y exconseller José María Rodríguez contra su condena en el ‘caso Over’. La Audiencia Provincial le impuso una condena de tres años y medio de cárcel por la financiación ilegal del Partido Popular de las Islas. En el mismo juicio, el expresident Jaume Matas fue condenado a dos años y medio de cárcel, pero esa condena se sustituyó por una multa y no ha sido recurrida en casación.

Si el Supremo confirma tal cual la sentencia de la Audiencia, Rodríguez tendrá que ingresar en prisión. A su favor juega el tremendo retraso que acumula la tramitación. Fue condenado en julio de 2019 y primero, la Audiencia tardó casi un año en enviarlo a Madrid y después, el Alto Tribunal se ha demorado otros dos en la tramitación. La sentencia ya reconocía una atenuante de dilaciones indebidas a Rodríguez y, ahora, el Supremo puede hacer mayor esa rebaja.

En cualquier caso, la defensa del exconseller, a cargo del abogado José ManuelMadroñero, reclama la libre absolución. Ataca en su recurso la valoración que hizo la Audiencia de la versión del resto de acusados en el juicio, entre ellos Matas, quienes habían pactado con la Fiscalía e incriminaron a Rodríguez. En especial critica al dueño de Over, el empresario Daniel Mercado, una figura clave para destapar otros casos de corrupción en torno al Partido Popular y cuya empresa actuaba de forma habitual con administraciones afines a los ‘populares’. De hecho, fue también uno de los testigos clave de la ‘operación Púnica’ tramitado por la Audiencia Nacional.

Sentencia

La Audiencia consideró demostrado que, a cambio de una serie de trabajos para la campaña electoral del PP en 2003, Matas ordenó a sus subordinados dar contratos públicos a Mercado. En el caso de Rodríguez, estos consistieron en un diseño de la imagen para las policías locales que, la sentencia sostiene que no se llevó a cabo más allá de unos bocetos. La condena implicaba además el pago de una responsabilidad civil de más de 9.000 euros de la que también era responsable el Partido Popular.

El apunte

Deliberación directa sin convocar siquiera una vista

Tras los años de retraso, la Sala de lo Penal del Supremo ha admitido a trámite el recurso de Rodríguez y fijado fecha de forma directa para su deliberación y fallo, sin convocar siquiera una vista para que las partes puedan defender sus posturas, algo hasta ahora habitual en las causas de corrupción.