El diputado del grupo parlamentario El PI-Proposta per les Illes Balears Josep Melià en una imagen de archivo

El diputado del grupo parlamentario El PI-Proposta per les Illes Balears Josep Melià en una imagen de archivo.

EfePalma10/05/22 11:41
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El diputado del grupo parlamentario El PI-Proposta per les Illes Balears Josep Melià ha reclamado este martes a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que se avance para crear una policía autonómica que permita al Archipiélago tener un «modelo» de seguridad propio, como establece el artículo 33 del Estatuto de Autonomía. Melià ha recordado en el pleno del Parlament que el Govern tiene esta competencia desde el año 2007 y ha pedido a Armengol que la ejerza.

«Uno de los atributos de las Baleares como destino turístico es su tranquilidad y ésta está relacionada con la seguridad. Necesitamos contar con un servicio público adecuado y proporcionado a nuestras necesidades», ha destacado el diputado. Además, ha hecho referencia a las 200 plazas de policías nacionales que faltan por cubrir en las Islas y a las 600 de la Guardia Civil que están vacantes por problemas como los precios de la vivienda. Armengol ha asegurado que «las Islas Baleares son una tierra segura», que el Govern no tiene competencias en seguridad y que lo único que pueden hacer los ayuntamientos es crear plazas de oposición para policías locales. Ha recordado que este año hay 176 policías locales más en las islas y que en Ibiza se están formando 30 nuevos agentes.

La presidenta ha explicado que las plantillas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil son difíciles de cubrir por la ley Montoro y que están congeladas desde el año 90. «Son malas de ocupar por el complemento de fidelización que nosotros hemos pedido y por la descentralización necesaria de las oposiciones», ha remarcado. También ha afirmado que «por primera vez en la historia democrática» un Govern autonómico se pone al frente en la plataforma de sindicatos de funcionarios estatales reivindicando el «justo y necesario» incremento del complemento de insularidad para los funcionarios estatales.