De entrada, la nota expone que «el objeto de la proposición de ley no concuerda con su contenido», y que este excede «el ámbito de las directrices y normativas que se tienen que respetar para mantener al condición de Reserva de Biosfera». En concreto, apunta que se conculcan materias que aborda un PTI en trámite o las normas generales del Estatut d’Autonomia. Indica que, por ejemplo, la definición de ámbitos marítimos de influencia «va contra la legislación estatal», incluso con «un vicio de inconstitucionalidad».
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La nota también rebate que en algunos artículos se establezcan condicionantes a futuro, ya que «una ley no puede vincular todas las normas y disposiciones futuras de la comunidad», ni de equipos de gobierno por venir. Por ello, «este efecto vinculante tiene que desaparecer con esta forma tan imperativa».
La pretensión de fijar las competencias que deben recaer en el Consell tampoco se aceptan por la jurista, quien llega a indicar que «hay que suprimir los artículos 12 a 17, ya que las materias y funciones que se detallan tienen que ser objeto de negociación» de acuerdo con lo establecido en el Estatut. Pone reparos además a que recursos económicos, como los procedentes de la ecotasa, sean determinados desde la Isla. «El borrador analizado es una auténtica reforma estatutaria (unilateral) del reparto competencial», con el añadido que «la condición de Reserva de Biosfera no es un título atributivo de competencias».
Ante estas, y muchas otras advertencias y pegas al texto del Consell de Menorc a, la nota jurídica del Govern considera «imprescindible someter el anteproyecto de proposición de ley a informe del Consell Consultiu, que se debería pronunciar sobre el encaje del texto en el Estatut d’Autonomia», cuya «arquitectura institucional» es vulnerada por la propuesta del tripartito.
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