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El Parlament balear convalidará mañana, si no hay sorpresas de última hora, el decreto, que ya está en vigor, que prevé movilizar 100 millones de euros para hacer frente a la crisis económica ampliada como consecuencia de la invasión de Ucrania por Putin. Será entre hoy y mañana cuando el Partido Popular defina su voto. Aunque el Govern tiene mayoría suficiente para sacar adelante su proyecto con el voto de los partidos que lo forman, espera que el partido que preside Marga Prohens opte, al menos, por la abstención. Durante la semana pasada, también se han mantenido reuniones «discretas» con Ciudadanos (Cs) para conseguir el aval o, cuando menos, que no se oponga. Es posible, como ya ha ocurrido en el pasado, que el decreto se tramite luego como ley. Desde Vox se despachan las medidas señalando que, además de no responder a las necesidades reales de la ciudadanía, responden a las «recetas de la Agenda 2030». Al final, la convalidación del decreto ocupará la agenda de mañana. Estaba prevista, también, una comparecencia del vicepresidente Yllanes para informar de su plan de inversiones para la transición energética, pero no podrá hacerlo porque tiene COVID.

Desde el Govern se señala a este periódico que las propuestas del Ejecutivo, tanto en transición energética como en el modelo de afrontar un horizonte donde será imprescindible la inversión comunitaria (los fondos Next Generation, por ejemplo) tienen el aval de Bruselas. Si la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, destacó tiempo atrás la propuesta de transformar la cementara de Lloseta es una planta de hidrógeno verde, la presidenta Armengol dice haberse traído de la capital comunitaria el apoyo y comprensión de otras medidas. Armengol, la consellera d’Hisenda, Rosario Sánchez, y el conseller de Model Econòmic, Iago Negueruela, mantuvieron diferentes reuniones a las que mañana se hará referencia. El viernes, y como colofón a la presencia de otras ministras y otros ministros del Ejecutivo estatal, Nadia Calviño, aseguró que Balears afrontaba la Semana Santa con «muy buenas perspectivas» turísticas. Armengol, a su lado, insistió en el mismo argumento.

Reforma laboral y turismo

La presidenta, el día anterior en la capital belga, había recibido el aval del comisario europeo de Empleo, Nicolas Schmit, a la ley turística incidiendo en que incluía medidas laborales que la las directivas europeas podrían incorporar. La presidenta se refirió, incluso, al «entusiasmo» del comisario sobre la obligatoriedad progresiva de las camas elevables y de otras. Ya antes, y acompañada de Negueruela, una representación de la confederación europea de sindicatos.Desde que, en enero –y coincidiendo con Fitur–, el Govern ha desplegado una estrategia para ‘vender’ su ley y, por eso, se incluyó este asunto en la ronda de la presidenta.

El objetivo prioritario no era ese, sino una gestión relativa al transporte. Armengol había reclamado a ante la comisaria europea de Transportes, Adina Valen, un cambio legal para agilizar las ayudas para traslado de mercancías en tiempos de crisis y que rompiera con la norma genérica de no tomar medidas que alteren la libre competencia. Según el Govern, logró un compromiso claro.