Imagen del género incautado. | POLICIA NACIONAL

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La Fiscalía y la Abogacía de la Comunitat reclaman condenas de dos años de cárcel por un delito contra la salud pública al propietario de Cárnicas Vicente. Ambas instituciones acusan a la mercantil Productos Cárnicos Mallorca 2011 y a su administrador de tener carne caducada, de irregularidades en la congelación y descongelación de productos y de alterar el etiquetado de las mismas. El caso estalló en el año 2018 cuando la Policía Nacional llevó a cabo la ‘operación Biltong’ y registró la nave del empresario. Ahora, la titular del Juzgado de Instrucción 11 de Palma ha dictado auto de apertura de juicio oral y el caso queda pendiente de que se celebre la vista.

Además de la Fiscalía y del Govern también han presentado acusación contra el empresario la Asociación de Empresas de Distribución de Alimentos de Baleares. Esta organización añade delitos de estafa, falsedad y contra la seguridad e higiene en el trabajo, de manera que multiplica la petición de cárcel contra el acusado y la eleva hasta los catorce años de prisión. La otra acusación particular personada en la causa, una empresa de frigoríficos salpicada por el asunto, solicita que se le imponga una pena de cuatro años. Las acusaciones también reclaman importantes penas de multa y de inhabilitación para la empresa y el acusado, que se elevan hasta los 360.000 euros por parte del Govern, que también reclama que durante diez años no pueda gestionar una empresa de alimentación ni ningún negocio similar. El juzgado le impone el pago de una fianza de 109.000 euros a la espera de sentencia.

Defensa

El empresario investigado siempre ha negado que cometiera irregularidad alguna en su negocio. Tras su arresto presentó declaraciones de sus clientes, que incluían a restaurantes de lujo de la Isla, que afirmaban que siempre les había servido género en buen estado. De hecho, tras el estallido de la causa no ha aparecido ningún posible intoxicado por el mal estado de la carne. Así, las acusaciones se centran en torno a los lotes de carne que habían superado el plazo de caducidad. El imputado intentó justificar durante la instrucción que se congelaba el producto cuando estaba fresco y que por eso había superado ese plazo legal. También aportó informes para acreditar que era legal el cambio de etiquetado que llevaban a cabo en la empresa. La magistrada, sin embargo, descartó el archivo y apreció la existencia de indicios de delito. Ahora, el acusado tendrá que responder ante la Audiencia Provincial en el juicio.

El apunte

Toneladas de carne destruidas

Tras varios años de mantener la carne congelada como prueba en una nave, hace unos meses se procedió por fin a la destrucción del medio centenar de toneladas de género que fueron incautadas y precintadas durante la operación policial y de la Conselleria de Salut. El acusado había solicitado en varias ocasiones la destrucción al juzgado ya que le tocaba abonar el coste de la congelación de esta carne. En otro juzgado de Palma se sigue una causa similar contra otra empresa del ramo con sede en Calvià.