Un grupo de alumnos de una clase de un colegio de Palma haciendo un examen. | Redacción Local

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«Si observas a los alumnos, es difícil diferenciar entre los que necesitan ayuda económica de los que no», confiesa la secretaria del equipo directivo de un colegio de la Part Forana, que prefiere mantener su anonimato para evitar estigmatizarlo. La pobreza en las aulas es una realidad en todos los centros de Balears, especialmente en Palma, donde hay mayor densidad de población. «En un pueblo pequeño pedir ayuda puede costar más a las familias que en la ciudad», comenta la docente, y añade que de los casi 200 alumnos que tienen, los que necesitan un apoyo económico no superan la decena. «Cada escuela es un mundo», apunta.

La detección de la pobreza en las aulas es un trabajo que recae sobre unas comisiones del centro integradas por servicios sociales y docentes, que analizan cuáles son las necesidades que se repiten entre los estudiantes, según explica la directora de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa del Govern, Amanda Fernández. El Ejecutivo puso en marcha en el curso 2015-2016 el Fons Escolar d’Emergència Social (FEES) para atender a las familias con necesidades urgentes. El de este año cuenta con un presupuesto de 150.000 euros, que se han ido librando a los centros con más alumnos vulnerables.

La partida cubre el pago de meriendas, material escolar, excursiones o incluso la tasa de la prueba de Bachillerato para el acceso a la universidad. Con la pandemia, también se han hecho cambios para sufragar la conectividad a internet o las actividades extraescolares. «Es una ayuda útil y está muy bien», admite la profesora del centro. Por otra parte, el Govern también cuenta con el Pla d’Acompanyament Escolar (PAE), que dispone de un fondo destinado a pagar a los profesores que se ofrecen a dar clases de repaso a los alumnos que sus padres no pueden sufragar.