Josep Melià en el pleno del Parlament. | Jaume Morey

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El pleno del Parlament ha aprobado este martes reclamar al Gobierno central que revise en 2022 las indemnizaciones de residencia del personal en activo del sector público estatal destinado en Baleares para que «se adapte a la realidad actual» y que los Presupuestos Generales destinen, como mínimo, 18 millones de euros. Ha sido uno de los dos únicos puntos de los 20 que contenía una moción en materia de políticas de vivienda que se ha debatido a propuesta del PP. El otro punto que ha recibido el apoyo de los grupos que dan apoyo al Govern consistente en reiterar el mandato parlamentario, aprobado en Comisión en 2019, de instar al Ejecutivo estatal a llegar a un acuerdo con el Govern y el Ayuntamiento de Palma para ceder los terrenos de Son Busquets para construir viviendas protegidas. Los otros 18 puntos han sido rechazados.

El diputado del PP José Luis Camps, que ha defendido la moción, ha resumido las propuestas de su formación basadas en una efectiva agilización administrativa, la defensa de la propiedad privada, la colaboración público-privada y la cogobernanza, el apoyo a las familias numerosas, rebajas de impuestos, los pagos de ayudas pendientes, la transparencia en los bienes públicos, así como la revisión al alza de los complementos de la insularidad. En la defensa de las enmiendas, el diputado de Cs Marc Pérez-Ribas, ha reclamado poder acceder a fondos europeos para la rehabilitación de viviendas en barrios degradados, así como permitir cambios de uso de establecimientos turísticos obsoletos para viviendas para jóvenes.

En su intervención, el portavoz de Vox, Jorge Campos, ha advertido que es la Administración quien realmente está dificultando el acceso a la vivienda por su política «ineficaz» en esta materia y su «incapacidad» para gestionar su parque de viviendas públicas. La diputada de Més per Mallorca, Joana Aina Campomar, ha apuntado que la crisis sanitaria ha evidenciado la necesidad de tener viviendas dignas y ha insistido en que la «norma necesaria» es la regulación del precio del alquiler en zonas tensionadas. Por su parte, tanto el diputado de Unidas Podemos Pablo Jiménez como la diputada de Més per Menorca Patrícia Font, han lamentado la «insistencia» del PP en presentar iniciativas que han sido debatidas en otras ocasiones. Además, Font ha advertido al PP que cuando gobernó «tuvo la oportunidad de implantar políticas de vivienda en beneficio de los jóvenes».