Imagen de recurso de los juzgados de Vía Alemania. | ALEX SEPULVEDA SOLER SEPU]

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La Fiscalía reclama una condena de un año y tres meses de cárcel para un intermediario que está acusado de blanquear fondos de una estafa con el alquiler de una vivienda turística en Pollença. De acuerdo con la calificación del Ministerio Público, los autores del delito le emplearon para que cobrara los fondos de la estafa y se los facilitara en metálico, de manera que la investigación de la policía española nunca pudo localizar a los estafadores. El fraude se cometió a través de internet. La propietaria de la vivienda en cuestión la tenía anunciada en el portal Owners Direct para el verano de 2013. Sin embargo, alguien suplantó su identidad y comenzó a ofrecer a posibles interesados el alquiler de este domicilio.

Picar el anzuelo

Un ciudadano británico picó el anzuelo y concertó dos semanas de alquiler de este inmueble en plena temporada alta veraniega. Realizó el pago mediante dos transferencias que hizo a sendas cuentas corrientes que habían sido abiertas previamente por el acusado. El mismo día que se hacían los abonos, según la acusación, el investigado retiraba todos los fondos en efectivo y se los entregaba en mano a los autores de la estafa a cambio de un porcentaje del dinero.

Cuando el británico llegó a finales del mes de julio a Pollença se encontró con que la vivienda en la que iba a pasar sus vacaciones estaba ya ocupada y que había sido alquilada por su propietaria auténtica: se quedó sin alojamiento y sin posibilidad alguna de reclamar el dinero que había avanzado. La víctima denunció lo ocurrido y la investigación pudo llegar solo hasta el ahora acusado, al ser el titular de las cuentas bancarias en las que se había ingresado el dinero. Ni rastro de los estafadores. En paralelo, el juzgado de Instrucción de Inca acumuló un enorme retraso en la instrucción de la causa, abierta en 2013.

Hace unos días el acusado compareció en un juzgado de lo Penal de Palma para una vista previa al juicio. La Fiscalía le reclama, además de la pena de prisión, el pago de una multa de 9.000 euros y de una indemnización de 4.315 para la víctima. Se le acusa de un delito de blanqueo de capitales por imprudencia. En la vista previa no fue posible un acuerdo entre la acusación pública y la defensa y la vista se celebrará en las próximas semanas. Con la proliferación de delitos a través de redes, la figura del ‘mulero’ digital se ha extendido en los juzgados. Ante la dificultad de encontrar al autor real del delito, quien sí aparece con frecuencia es el titular que cede una cuenta corriente para que la víctima ingrese el dinero.