Un excursionista, en una zona cercana a donde se proyectó la urbanización de Muleta, con el Port de Sóller al fondo.    | Redacción Local

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La sentencia que le obliga al Govern a pagar 91,5 millones de euros al promotor Matthias Kühn por impedir la construcción de una urbanización en el Port de Sóller eleva a 321,34 millones el coste total de las indemnizaciones derivadas de sentencias judiciales, según las cifras que tiene la Conselleria de Presidència. De ellas, 225,22 millones se derivan de sentencias judiciales desfavorables por recursos presentados contra un decreto ley que aprobó el Govern de Francesc Antich en el año 2008. La recién sentencia de Muleta, la que obliga al Ejecutivo a pagar 91,5 millones al empresario alemán, tiene su origen en ese decreto ley, pero volvió a ser ratificada en dos leyes aprobadas por el Parlament balear en la pasada legislatura con los votos de la izquierda.

Según los datos de que dispone el Govern, las primeras indemnizaciones por esta ley son del año 2014, fecha en la que se pagaron 1,9 millones de euros. Las cifras van subiendo progresivamente hasta el año 2018, con 157,01 millones de euros pagados en ese ejercicio. De hecho, en ese año de récord de pago de indemnizaciones, el Govern tuvo que solicitar un préstamo de 147 millones para hacer frente a las demandas judiciales. Una parte importante, más de 80 millones, correspondían a la protección de un espacio en Eivissa.

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La consellera de Presidència, Mercedes Garrido, se mostró convencida de que no llegará ningún otro acuerdo judicial que lleve aparejado el pago de indemnizaciones de este montante y recordó que fue el PP quien provocó esta sentencia ya que, tras la protección acordada por el Pacte, llegó a un acuerdo con el promotor.

El precio del paisaje

«Una parte importantísima de lo que somos como principal industria turística de España es gracias al gran paisaje que tenemos», dijo Garrido. «Frente a un urbanismo depredador del territorio hay otro modelo basado en la conservación y protección y, a veces es cierto que la protección del territorio tiene consecuencias y supone el pago de indemnizaciones. Este es el precio que muchas veces tenemos que pagar por vivir en las islas en que vivimos», añadió.

No tiene la misma visión el portavoz del PP en el Parlament, Antoni Costa, que aseguró que el Govern que en aquel momento aprobó la ley y los diputados del Parlament que la ratificaron ya sabían que tendría consecuencias y que el asunto acabaría en los tribunales con el pago de indemnizaciones millonarias. «Esto no ha acabado y sigue habiendo riesgo de sentencias y, por mucho que recurran, lo que finalmente pasará es que aún habrá que pagar más dinero en concepto de intereses», declaró el diputado ‘popular’. «Los ciudadanos deben saber todo lo que se podría hacer con ese dinero», añadió Costa.

Las claves
  1. El Consell ha pagado otros 14 millones

    A las indemnizaciones que ha pagado el Govern se suman algo más de 14 millones de euros pagados por el Consell por desclasificaciones realizadas en los sucesivos planes territoriales. Las peticiones de indemnización se acercaban a los 450 millones de euros.

  2. La advertencia anual de los síndics

    La Sindicatura de Comptes recoge todos los años en su informe la amenaza que pesa sobre las cuentas de Balears por estas reclamaciones judiciales. En el de 2019, la cifra superaba los 300 millones de euros.

  3. Diferencias por suelos

    Las sentencias dictadas hasta la fecha por los tribunales varían bastante en función del tipo de suelo y son mucho más cuantiosas cuando el suelo es urbano, con un valor de los terrenos mucho más elevados que el suelo rústico o urbanizable.