Imagen de archivo de alumnos de una ‘escoleta’ de Menorca. | Gemma Andreu

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Poco después de que el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB) anulara un decreto de la Conselleria d’Educació que regulaba las ayudas a las familias de alumnos de 0-3 años por considerarlo «discriminatorio», otra sentencia del TSJIB también ha anulado una orden del mismo departamento que, en este caso, establecía ayudas para la creación de plazas de    esa etapa escolar.

El criterio para la anulación de la orden es el mismo que para el decreto anterior también invalidado. Ese decreto fue revocado porque dejaba fuera de las ayudas a las familias de los centros privados de 0-3 años no integrados en la red complementaria de la Conselleria, es decir, que no cuentan con convenios específicos con el departamento autonómico.

Las sentencias que anulan el decreto y la orden responden a recursos contenciosos administrativos presentados por Escola Catòlica. En el caso de la orden, se trataba de ayudas a ayuntamientos y consells para crear y mantener plazas de 0-3 años, pero también incluía «ayudas a la escolarización de los niños de las familias más vulnerables socialmente, especialmente de las familias en riesgo de exclusión socia, correspondientes al año 2019».

Así, el TSJIB ha aplicado el mismo criterio de la anulación del decreto anterior para también invalidar la orden, al considerar que dejar fuera de las ayudas a los centros privados de 0-3 años no conveniados con la Conselleria supone una «discriminación». A ello se añade, según el tribunal, el hecho de que la orden no contase con el «informe preceptivo» del Consell Escolar de les Illes Baleares. Las ayudas contempladas en la orden ascendían a un total de 4,5 millones de euros. El conseller, Martí March, reconoció ayer a este periódico haber hecho una lectura somera de la sentencia del TSJIB, pero al mismo tiempo admitió que «será necesario redactar otra orden y que pase por el Consell Escolar».

El apunte

Escola Catòlica: «No presentamos recursos por capricho ni de farol»

Marc González, asesor jurídico de Escola Catòlica, declaró este martes que «la tramitación de la orden fue muy rápida, tan unos 14 días. Nosotros, antes de presentar un recurso, siempre ofrecemos a la Conselleria la posibilidad de sentarnos a hablar si no estamos de acuerdo con un decreto o una orden. No presentamos recursos por capricho ni jugamos de farol». El TSJIB recuerda a la Conselleria que, desde el mismo 2019, no sólo los decretos, sino también las órdenes, deben pasar por el Consell Escolar.