En Palma se han celebrado diferentes manifestaciones por parte de los interinos. | Jaume Morey

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La Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat ha entregado este jueves al Parlament de les Illes Balears el informe sobre la temporalidad en la función pública, del cual la principal conclusión que se extrae es que la condición de víctimas de abuso en la relación de servicios solo puede ser reconocida caso por caso, en consideración a la situación particular de los peticionarios, por los tribunales españoles.

El informe, elaborado por los servicios jurídicos de la Direcció General de Funció Pública, aporta diferentes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en las que se concluye que «no corresponde al Tribunal de Justicia pronunciarse sobre la interpretación de derecho interno, ya que esta labor afecta a los tribunales nacionales competentes, los cuales han de determinar si lo que dispone la normativa nacional aplicable cumple las exigencias establecidas en la Directiva Europea».

El informe insiste en el hecho de que la Administración en ningún caso puede ocupar la posición de los órganos jurisdireccionales y acuerda la inaplicación no solo de reglamentos, sino incluso de leyes y de la misma Constitución Española, sacando a la ciudadanía un determinado número de plazas y de lugares de trabajo que, según el ordenamiento jurídico español, han de ser objeto de provisión de conformidad con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Por tanto, la Administración no puede incumplir las leyes actuales y corresponde a los tribunales de justicia decidir si hay plazas en situación de abuso.

Finalmente, el informe aporta el número de plazas que se verían afectadas por el Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en la ocupación pública, aprobado definitivamente este miércoles en el Senado. En concreto, son 5.353 plazas ocupadas temporalmente los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020. El objetivo de esta Ley es reducir la temporalidad en el conjunto de las administraciones por debajo del 8 %. Los procesos selectivos para estas plazas se tendrán que ofrecer antes del 1 de junio de 2022.