Negueruela ha precisado que se pretende garantizar el cumplimiento de los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero de la Ley 10/2019, de cambio climático y transición energética. Así, las organizaciones sujetas al alcance del Decreto deben calcular y verificar las emisiones difusas de sus instalaciones por intervalos temporales de tres años, así como aportar los planes de reducción de sus emisiones difusas para cumplir los objetivos de mitigación del cambio climático en el territorio de las islas.
Durante el primer año, el cálculo de las emisiones difusas debe ser verificado por un organismo verificador externo, mientras que en los años segundo y tercero los datos de las emisiones se devengarán sin verificación externa mediante un informe de huella de carbono validado por una declaración responsable de la organización. Por último, el cuarto año, el cálculo y la acreditación de la procedencia de las emisiones difusas conllevarán una nueva verificación externa tanto de la huella de carbono del año que debe inscribirse como de la de los dos años anteriores no verificados, y así se procederá sucesivamente con la inscripción de la huella de carbono cada tres años, ha explicado Negueruela.
La inscripción de la huella de carbono será obligatoria para las grandes y medianas empresas que desarrollen su actividad en la comunidad de forma total o parcial, la administración pública de las islas y el sector público instrumental. Para el resto del tejido empresarial y la ciudadanía, la inscripción será voluntaria, lo que permitirá al Govern disponer de una información precisa sobre las emisiones difusas que existen en las islas. El ejecutivo también pretende así iniciar los mecanismos necesarios para su reducción a través de planes y de la elaboración de unos presupuestos de carbono que permitirán establecer compromisos de reducción por sectores de actividad y por islas. También a propuesta de la Conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, el Consell de Govern ha aprobado ayudas por 4,7 millones de euros dirigidas a la inversión industrial en el archipiélago. Negueruela ha hecho hincapié en que se trata de la primera línea de ayudas destinada a grandes inversiones industriales y que los beneficiarios podrán optar "al máximo" estímulo público autonómico.
En concreto, se articulará una primera línea, por 1 millón de euros, que se dedicará a apoyar a grandes actuaciones de inversión. Se articulará con una intensidad de ayuda del 50 % con un importe máximo de 200.000 euros. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas todas las pymes incluidas en la sección C (industrias manufactureras) de la clasificación de actividades económicas CNAE 2009 y las empresas de edición de videojuegos CNAE 5821. Las propuestas de inversión deben incluir el mantenimiento de la plantilla actual y la creación neta de puestos de trabajo, así como una inversión mínima de 100.000 euros y 25.000 euros, respectivamente.
La segunda línea, por 3,7 millones de euros, será para modernización y digitalización y se instrumenta en forma de subvención al 50 % de acuerdo con varios programas de diseño, innovación, producción y digitalización. El período subvencionable de esta ayuda será el comprendido entre el 11 de noviembre de 2021 y el 24 de septiembre de 2022.
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