Desahucio tiene nombre de mujer

«He vivido a oscuras y con frío durante dos años», narra Nkechi, que al final rompe a llorar. Los niños se podían bañar cada tres o cuatro días gracias a la ayuda de los vecinos. La comida, eso sí, siempre fría. En estos días de Navidad, este relato alcanza tintes dickensianos. Terribles, si se tiene en cuenta que al inhóspito hogar de Nkechi solo le separan 15 minutos en coche del Borne, donde las viviendas alcanzan con facilidad el millón de euros en una Palma repleta de contrastes.

El caso de Nkechi pasó por la Oficina Antidesnonament del Ajuntament de Palma donde se ha observado una preocupante tendencia en los últimos meses. Josep Maria Rigo, director general d’Habitatge del Ajuntament de Palma, hace un retrato robot de la nueva desahuciada por impago del alquiler. «Hemos visto cómo se ha ido repitiendo un patrón. Son mujeres que estaban trabajando y de repente se han visto sin nada por culpa de los ERTE o que se han quedado a media jornada. En 2020 no pudieron trabajar como camareras de piso y este año, los hoteles han abierto muy poco y con restricciones y han contratado menos gente».

En el segundo año de la pandemia, el eslabón más débil de la sociedad no puede soportar más el desplome de los ingresos y deja de pagar la vivienda. El desahucio es el siguiente paso. Muchas de ellas sufren además problemas de salud derivados del importante desgaste físico que suponen sus trabajos. «Suelen ser mujeres de entre 45 y 65 años, con menores a su cargo», dibuja Rigo.

Exigencias

Sin trabajo ni contrato, buscar un techo alternativo resulta imposible en una Isla que sigue batiendo récords de encarecimiento de vivienda y en los últimos siete años Palma ha experimentado una subida de precios de alquiler del 50 por ciento. «Al buscar una vivienda de alquiler te exigen un contrato fijo o uno temporal indefinido. Pero la mayoría carece de este contrato laboral», dice Marga Cladera, coordinadora de la Oficina d’Antidesnonaments. Las condiciones para entrar en nuevo piso son leoninas: «Se piden cuatro meses de alquiler por delante: dos meses de depósito, el mes entrante y el de la inmobiliaria. Para alquilar un piso hacen falta mínimo 3.000 euros. Desde la Oficina podemos ayudar con la entrada si entran en los baremos sociales. Y la mayoría lo hacen», explica Cladera.

Con sus ingresos, cuando tienen trabajo, necesitarían un alquiler por 500 euros pero en Palma están extinguidos. En la mayor parte de la Isla ocurre lo mismo, pero lo más barato que hay ahora mismo en le mercado se acerca más bien a los 800. «Con una nómina de 1.000 euros y jornada completa, es imposible. Y muchas de estas mujeres suelen ser madres que se hacen cargo de los niños, que no tienen un convenio de separación reglado», añade Cladera.

Monoparentales

Según los datos que maneja la Oficina d’Antidesnonaments, «el 26 por ciento de los expedientes afectan a parejas con hijos, el 17 por ciento son monoparentales (donde el 100 por cien son mujeres) y el 21 por ciento, personas solas, de las cuales la mayoría también son mujeres. A todo esto se suman los problemas de las mujeres para acceder a una vivienda», señala Rigo.

Precisamente los riesgos de padecer la pobreza afectan sobre todo a las féminas, números que se confirman con los registros de la Oficina. En esta radiografía de la mujer desahuciada, suele tener entre 45 y 65 años y trabaja en el sector servicios, además de vivir de alquiler en algún barrio del Eixample del Llevant de Palma. Suele tener menores a cargo, es una familia monoparental y desde la pandemia se han desplomado sus ingresos, por lo que no puede pagar el alquiler.

«En la Oficina tenemos gente que vivió una ejecución hipotecaria al comprarse una vivienda en plena burbuja inmobiliaria que luego no pudo pagar por la crisis de 2008. Ahora se enfrentan a un nuevo desahucio por impago del alquiler», señala Cladera. Muchos de estos pisos hipotecados acabaron en manos de un fondo buitre que ahora se niega a alargar alquileres o dar facilidades de pago. «Los pisos se concentran en barrios vulnerables como Son Gotleu y en 2008 ya vivieron la oleada de las ejecuciones hipotecarias», explica Cladera.

Precisamente el 28 de febrero se acaba el plazo de la prórroga de los alquileres promovido por el Gobierno central, que frena el incremento de precios y suspende los desahucios, así que a partir de esa fecha se abre un abismo para muchas mujeres que aún no han empezado la nueva temporada, el tercer año de la pandemia. Rigo advierte que «es todo un proceso. Los impagos ya se han dado a raíz de la pandemia y se les empiezan a poner demandas. Aún no se ha hecho el lanzamiento, se ha conseguido parar con informes de vulnerabilidad, pero la sentencia ya es firme y se ha pospuesto; necesitan la alternativa antes del 28 de febrero».

Esa alternativa se presenta difícil. Antes, en 2005, se podía encontrar alquileres por 500 euros en la Part Forana pero la subida de precios ha alcanzado ahora prácticamente toda la Isla. Las opciones que se barajan ahora son el alquiler de locales como vivienda, aunque no tienen licencia y por lo tanto no se pueden empadronar y acceder al bono social. La otra opción, compartir habitación con más familias. Rigo advirtió que «estamos muy pendientes de la Ley estatal de Vivienda y necesitamos la declaración de Zona Tensionada para poner límites a los precios».

Ya que en Palma resulta imposible acceder a un alquiler, Jessica Prytuluk no ha tenido más remedio que irse a vivir a un casa en medio del campo en Sencelles por 500 euros. Separada y con dos niños de 11 y 15 años, su ex marido no se hace cargo de los gastos comunes y no le pasa pensión. Ella ya ha vivido varios desalojos. «En 2020 me desahuciaron del piso de alquiler que tenía en Inca», cuenta.

Arruinada

A todo esto, había invertido todos sus ahorros en un chikipark en Inca, un negocio que se hundió con la pandemia. «Tuve que malvenderlo todo», cuenta apenada esta mujer que ahora trabaja como auxiliar administrativa en el Ajuntament de Sencelles. «Mi hijo va a un colegio concertado y pedí en el juzgado cambiarlo a uno público para gastar menos, en contra de la opinión del padre, pero le dieron la razón a él».
Sola y sin familia aquí, ha encontrado personas que le han ayudado a encontrar un alquiler que puede pagar mientras termina de saldar sus deudas por su negocio fallido. «Me voy apañando, jamás paré de trabajar», cuenta incombustible Prytuluk. En esa ecuación de madre que capea en solitario una crisis sanitaria y económica, Jessica no está sola, aseguran desde la plataforma de Afectados por la Hipoteca.

Mientras tanto, Nkechi y sus tres niños pequeños siguen llamando a las puertas para conseguir una vivienda en el Ibavi o para no quedar sin agua ni luz. Es más que probable que en esta isla de récords inmobiliarios haya más de un Oliver Twist salido de la imaginación de un Dickens contemporáneo. Pero como dice Nkechi, «no pasa nada». Y sin embargo, pasa todo.