Balears seguirá el modelo catalán. La obligación de presentar el certificado COVID para acceder a la restauración y otros lugares de ocio seguirá el modelo catalán. Además de bares y restaurantes, allí se exigirá mostrarlo para acceder a los gimnasios. El lunes se reúne la Mesa de Diálogo Social. | Efe

38

El Govern pedirá a los jueces que le permita exigir el pasaporte COVID para acceder a bares y restaurantes y a otras actividades de ocio que aún están por definir, aunque una que se da por segura son los gimnasios. El lunes reúne a la Mesa de Diálogo Social para presentarles la propuesta y se espera que ese mismo día se apruebe en el Consell de Govern con el fin de que la autorización de los jueces llegue la próxima semana.

Si los jueces autorizan esa medida, todo el que quiera acceder a un bar o un restaurante tendrá tres opciones: acreditar que está vacunado, presentar un certificado de que ha pasado la enfermedad o presentar una prueba PCR negativa. El Govern se ha resistido a solicitar esta medida a los jueces, pero ha decidido hacerlo para evitar nuevas restricciones en la hostelería ante el aumento de los contagios que se está dando en los últimos días.

Evitar las restricciones

La cifra de nuevos casos va al alza y, pese a que la presión hospitalaria se mantiene estable, el Govern teme un aumento exponencial de contagios por culpa de los no vacunados, que se acercan a las 150.000 personas en todas las Islas. Con esta iniciativa, trata de evitar nuevas restricciones precisamente en un mes clave para la hostelería, con las cenas de empresas y las posteriores celebraciones navideñas.

Noticias relacionadas

Los miembros de la Mesa de Diálogo Social, empresarios y sindicatos, ya habían anunciado que estaban a favor de solicitar este documento para acceder al ocio si con él se evitan nuevas restricciones. La presidenta del Govern, Francina Armengol, aseguró ayer que el Ejecutivo compartía esta idea y señaló que la Conselleria de Salut ya trabaja en la propuesta. La presidenta reconoció que, en algunas ocasiones, ha habido problemas a la hora de que los jueces autoricen este tipo de medidas pero precisó que la situación ha cambiado desde el momento en que la mayor parte de la población ya está vacunada.

Problemas en Euskadi

El lunes se presentará el listado de actividades sociales a las que se deberá acceder con certificado COVID si los jueces lo autorizan, pero el Govern está decidido a seguir la vía que ha adoptado la Generalitat de Catalunya. Allí se exigirá finalmente en la restauración y los gimnasios y han quedado fuera los cines y los teatros, pese a que era una recomendación que realizaba el comité científico que asesora a la Generalitat.

Euskadi también intentó que los jueces autorizaran la exigencia del pasaporte COVID para acceder a la restauración, pero los tribunales no aceptaron la propuesta del gobierno vasco. En el caso de Balears, la mayoría de las decisiones que han tomado hasta ahora los jueces han dado la razón a las peticiones del Govern para adoptar una serie de medidas con las que tratar de controlar los contagios.

El apunte

¿También en los centros sanitarios?

El certificado COVIDse exige en estos momentos en Balears para acceder a las discotecas y las residencias de la tercera edad, donde los trabajadores no vacunados deben presentar una PCR de forma periódica. El debate está ahora en si debe exigirse el certificado para entrar en los hospitales como visitantes y si los profesionales sanitarios que no se han vacunado también deberían presentar una PCR para acceder al trabajo.

Punto de vista
Germà Ventayol

Con la venia

Germà Ventayol

Contengan el aliento. Los jueces deben decidir si el pasaporte COVID es un salvoconducto válido para discriminar el acceso a bares, restaurante, gimnasios o lo que haga falta. El gran dilema: ley o sensatez. Una interpretación que difiere en cada autonomía, según los jueces, aunque las leyes y el virus no entienden de territorios. La indolencia de Pedro Sánchez a la hora de redactar una ley de pandemias propicia la reedición de este batiburrillo judicial, un despropósito cuyas consecuencias no son para tomar a broma. Lo dicho, contengan el aliento a la espera de que los togados decidan de qué debe prevalecer la salud como principal derecho a proteger en estos momentos. Con la venia, señorías.