Manifestación contra la violencia de género en sa Pobla. | Alejandro Sepúlveda

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El archipiélago balear es la Comunidad Autónoma con mayor tasa de víctimas de violencia de género, con 94 casos por cada 10.000 mujeres, muy por encima de la media estatal, que se situó en 2020 en un 60,2 %. En ese mismo año, en las Islas se registraron 5.838 denuncias, un 9,4 % menos que en 2019. Así se desprenden estos datos del informe sobre violencia de género que ha elaborado UGT con motivo del 25 de noviembre, del Día Mundial para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La vicesecretaria general estatal del sindicato, Cristina Antoñanzas, acompañada de la secretaria de Políticas Sociales e Igualdad en Baleares, Xisca Garí, han presentado este martes los datos que revelan que la desigualdad todavía tiene cara de mujer. En lo que llevamos de año, una mujer ha sido asesinada en Baleares a manos de su pareja o expareja, según contabiliza la Delegación del Gobierno, y en esta ocasión sí había una denuncia previa. Desde 2003, ha habido 40 mujeres asesinadas.

La violencia y la desigualdad de género van unidas. La vicesecretaria general estatal de UGT ha constatado que «el empleo es esencial e imprescindible para combatir la violencia de género». Según los datos recogido por un informe europeo, las mujeres con un nivel bajo de independencia económica son más proclives a sufrir violencia económica (56,5 %), violencia sexual (20,6%) y abusos psicológicos (97,6 %). De hecho, el mismo informe apunta que el 71 % de las víctimas destacan el desempleo y una situación de precariedad en su entorno.

Bonificaciones

Según los datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, el total de contratos bonificados por violencia en 2020 fue de 484, un «importantísimo descenso respecto de los años precedentes». En Baleares solo se registraron ocho bonificaciones, contratos que, según Antoñanzas, son cruciales para la inserción laboral de víctimas de violencia. También representa un descenso si tenemos en cuenta las bonificaciones contabilizadas en 2019, que fueron 13, y 2018, donde se llevaron a cabo 17. Los incentivos en forma de bonificación que ofrece el SEPE, que se establece en el caso de contratación de víctimas de violencia de género con contrato temporal asciende a 600 euros, y si es contrato indefinido llega a los 1.500 euros.

El acoso sexual y acoso por razón de sexo en el trabajo todavía no están representados como datos oficiales, lo que dificulta, todavía más, su detección y la protección de las víctimas. Cristina Antoñanzas ha señalado que, según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2019, publicada por la Delegación del Gobierno en 2020, el 98 % de las mujeres que ha sufrido acoso sexual lo experimentó por parte de un agresor hombre, y el 17 % de este total tuvo lugar en el entorno laboral.

En España no se cuenta, todavía, con datos oficiales sobre este otro tipo de violencia en el ámbito laboral pero se trata de un problema «muy extendido», tal como ha defendido la vicesecretaria general estatal del sindicato UGT, Cristina Antoñanzas. Se denuncia solo el 8 % de los casos de mobbing, mientras que la media europea es del 14,9 %.