La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno central, Isabel Rodríguez, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el objetivo de estas ayudas es mejorar las flotas de transportes y adaptarlas a los criterios de sostenibilidad.
Serán las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla las que tramiten las ayudas por medio de una transferencia del Estado. El programa está dotado con un presupuesto inicial de 174 millones de euros con cargo al presupuesto de 2021, aunque la línea estará vigente hasta el 30 de abril de 2024, por lo que se ampliará en función de la demanda hasta los 400 millones de euros. Este real decreto define, a través de la regulación necesaria para su adopción, los potenciales beneficiarios, las actuaciones, los requisitos para acceder a la financiación y las principales líneas de ayuda, todo ello contemplado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El Gobierno ha justificado que el transporte de mercancías y viajeros por carretera, que genera el 8,2 por ciento de los gases de efecto invernadero en España pese a suponer apenas el 2 por ciento de la flota de vehículos, es uno de los sectores donde la descarbonización plantea mayores retos de cara a las próximas décadas. Por tanto, los objetivos de la línea de inversión son impulsar la transformación del parque de vehículos pesados de transporte de mercancías y de viajeros, incentivar la penetración en España de tecnologías para la propulsión de vehículos que utilicen energías alternativas y acelerar la reactivación industrial y el sector de la automoción, favoreciendo la descarbonización de las flotas y la mejora de la calidad del aire en los entornos metropolitanos.
Se pretende, así, impulsar el mercado de vehículos de cero y bajas emisiones para iniciar la senda de transformación de estas flotas estratégicas, un sector en el que la oferta y demanda de tecnologías bajas en carbono se encuentra en un estado menos avanzado que para los vehículos tipo turismo o furgonetas ligeras. Como ejemplo de esta situación, durante el 2020 se matricularon tan solo seis camiones electrificados de un total de 18.812 y 40 autobuses eléctricos de un total de 2.171.
NUEVOS PUNTOS DE RECARGA
Las principales actuaciones subvencionables que recogen las ayudas son el achatarramiento de vehículos --se espera achatarrar unos 20.000 camiones y 3.000 autobuses, lo que supondrá una reducción estimada de emisiones de CO2 de 600.000 toneladas al año--; la adquisición de vehículos de energías alternativas; la modificación de la forma de propulsión de vehículos desde combustibles de origen fósil a vehículos cero emisiones, eléctrico o de hidrógeno; y la adquisición de semirremolques para autopistas ferroviarias. En cuanto a la instalación de infraestructuras de recarga, la norma recoge cuatro categorías en función de la potencia del punto de conexión. La cuantía máxima se establece para puntos de carga con potencial igual o superior a 350 kW --ultrarrápidos--, con 70.000 euros de ayuda fija, vinculada a la adquisición de un camión eléctrico, híbrido enchufable o de autonomía extendida.
Se prevé que el programa facilite la instalación de más de 1.500 puntos de carga nuevos en España, dedicados al transporte pesado de mercancías y viajeros por carretera.
Las estimaciones señalan que las subvenciones podrán ayudar a disminuir un tres por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero que genera el transporte pesado por carretera, contribuyendo a los objetivos de reducción de emisiones y de uso de renovables para el año 2030, y dando así pasos decididos para la consecución del objetivo español y europeo de alcanzar la neutralidad climática en 2050. El criterio de distribución territorial de los fondos europeos es el número de vehículos de transporte público de mercancías y viajeros y transporte privado complementario domiciliados en cada comunidad autónoma.
La distribución por territorios quedará así: Andalucía, 29 millones; Aragón, 6,3; Asturias, 3,5; Baleares, 3,6; Canarias, 7,2; Cantabria, 2,6; Castilla y León, 12,8; Castilla-La Mancha, 12,7; Cataluña, 22,4; Comunidad Valenciana, 18,6; Extremadura, 4,9; Galicia, 12,8; Madrid, 16,6; Murcia, 9,5; Navarra, 2,9; País Vasco 6,6; La Rioja, 1,5; Ceuta, 74.376 euros; y Melilla, 65.823 euros.
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