Sóller es uno de los municipios que se ven afectados. | ARCHIVO

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Quince municipios de Mallorca se encuentran pendientes de una posible desclasificación como urbanos de solares no desarrollados. En concreto, se trata de Alaró, Algaida, Binissalem, Campos, Consell, Deià, Lloseta, Marratxí, Muro, Pollença, sa Pobla, Sineu, Sóller, Santa Maria del Camí y Ses Salines.

Cabe recordar que al inicio de la pandemia, el Govern aprobó un decreto mediante el que desclasificaba algunos suelos urbanizables y dejaba en manos del Consell de Mallorca la decisión sobre la clasificación de parte de los falsos urbanos (suelos que en el planeamiento están dibujados como suelo urbano, pero que nunca se han llegado a desarrollar). Palma no se vio afectada por este decreto; la capital balear se encuentra inmersa en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

La consellera insular de Territori, Maria Antònia Garcías, ha explicado que están trabajando con los 15 consistorios afectados para decidir si estos suelos se mantienen como urbanos o, si por el contrario, se declasifican y pasan a ser suelo rústico. En concreto, se está analizando caso por caso para determinar que es lo que más conviene a cada municipio.

Garcías ha manifestado que no puede concretar cuántas viviendas se pueden construir en estos terrenos, ya que no está determinado.

Preguntada por la escasez de suelo disponible para construir viviendas en Mallorca, como sostienen los constructores, la consellera insular de Territori ha asegurado que sí hay terreno para edificar. En este punto, ha recordado que en el año 2004 se probó un crecimiento del 7,5 %, que en 2011 se modificó al 5 %. «Estos porcentajes no se han agotado».

La herramienta mediante la que el Consell trabaja debe tomar la decisión sobre la clasificación de los falsos urbanos es el Plan Territorial de Mallorca. Por ello, ha precisado Garcías, que «a su vez, vamos a ajustar los criterios de crecimiento a las necesidades reales».

Sin embargo, ha puntualizado que las alturas son criterios que dependerán de cada desarrollo de la unidades afectadas por parte de cada ayuntamiento. Se trata de una cuestión importante para satisfacer las reclamaciones de los constructores y que la construcción de viviendas sea rentable.

Garcías ha avanzado que los municipios podrán decidir dónde ubicar sus necesidades de crecimiento, siempre dando continuidad a la trama urbana. También se tendrán muy en cuenta las medidas contra el cambio climático.