Los vertidos en la bahía se suceden ante las limitaciones de la depuradora de Palma. | M. À. Cañellas

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Tres directores generales de Territori del Govern, entre ellos la actual, Magdalena Pons, negaron ayer haber recibido ninguna directriz para hacer la vista gorda con los vertidos a la bahía de Palma y no sancionara a Emaya.

En la segunda jornada de declaraciones programada por el instructor de la causa, Antoni Garcías, comparecieron los últimos tres responsables del área: Bernat Aguiló y Luis Corral, además de Pons y Josep Lliteres, que fue director general de Calidad Ambiental del Govern en 2007.

El magistrado los citó a partir de la denuncia presentada por la Asociación de Navegantes del Mediterráneo que considera que ha existido una dejación de funciones por parte del Govern que, según su versión, sí sanciona a los navegantes que fondean sobre praderas de posidonia pero no lo ha hecho con los vertidos de aguas residuales en la bahía.

Además de negar ninguna directriz, los testigos han asegurado que la responsabilidad de los vertidos no es exclusiva de Emaya ya que deriva de la falta de financiación para la construcción de una nueva depuradora. Aún así, señalan que se han enviado distintas comunicaciones a la empresa municipal para preocuparse por la situación.

La acusación ha insistido en por qué motivo se sancionaba a los navegantes y no a la administración, lo que ocurre es que la competencia de estas sanciones es de otra dirección general, no de la de los testigos que han comparecido hasta ahora. También ha insistido en la existencia de un informe del Seprona de la Guardia Civil que acredita que la administración autonómica sí ha sancionado 44 expedientes por vertidos en el periodo investigado por el juzgado. En esta actuación judicial, por el momento no hay ningún responsable político señalado como investigado por esa posible prevaricación.

Tras esta ronda de declaraciones que se practicaron entre ayer y el lunes no hay más diligencias señaladas por el momento y el juez tendrá que decidir si prosigue las pesquisas o da por agotada la instrucción.

El apunte

Dos causas en paralelo por los vertidos

Además de esta causa hay otra investigación abierta por delito ambiental contra Emaya en el Juzgado de Instrucción 12 de Palma que está pendiente de que la juez decida si llega o no a juicio, como ha solicitado ya la Fiscalía de Medio Ambiente. A esta se suma la investigación sobre la falta de sanción denunciada por los navegantes y que afecta al Govern. Una tercera investigación en torno a Emaya tiene que ver con los vertidos en el vertedero de Son Reus que aún está bajo secreto.