Condena al Ministerio de Justicia por invadir un amarre cinco años en Portals

El yate, de diez metros, ocupó el amarre en Portals varios años. | Redacción Local

Víctor MalagónPalma21/10/21 3:59
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El tremendo despliegue que llevó a cabo la Audiencia Nacional junto a la Guardia Civil para acabar con los Ángeles del Infierno en Mallorca tuvo una víctima colateral: un ciudadano alemán propietario de un amarre en Puerto Portals. Durante cinco años, desde la operación hasta 2020 su plaza ha estado ocupada por un yate intervenido a la banda que fue embargado por el Juzgado Central de Instrucción 6. Ahora, la misma Audiencia Nacional reconoce en una sentencia la responsabilidad del Ministerio de Justicia en lo ocurrido y condena a este órgano a abonar una indemnización de 70.000 euros al dueño del amarre ocupado.

En plena operación se ordenó el embargo de un yate de unos diez metros. La Guardia Civil lo dejó en Puerto Portals en un espacio que, en ese momento, estaba vacío. Su dueño regresó en verano y se encontró sin sitio para su propia embarcación. A partir de ahí comenzó a pedir de forma insistente al órgano judicial que desalojaran el amarre.

En principio no hubo mucho problema: la primera reclamación al juzgado se produjo en 2015 y, ese mismo año, el juez hizo una providencia para ordenar el desalojo. El problema llegó unos meses después. La Guardia Civil informó que ante las dimensiones de la embarcación no era posible el traslado por medios oficiales y presentó un presupuesto de traslado por una empresa privada que costaba 1.052 euros. Ahí empieza la miseria en la Administración de Justicia: la Audiencia Nacional contestó que no tenía dinero. Propuso como alternativa una tasación del barco para su posible venta anticipada o que se requiriera al propietario para que asumiera el coste del traslado a un dique seco o a otro puerto.

Con grúa

El dueño del barco aceptó pero, inexplicablemente, el yate no se movió de sitio hasta que una grúa se lo llevó el 14 de enero de 2020 después de más de cinco años en Portals. El dueño del amarre pidió una compensación al Ministerio de Justicia, que rechazó pagarla y quería que asumiera el gasto el de Interior. Ahora, la Audiencia Nacional concluye que la Guardia Civil solo cumplió órdenes. Si al juzgado le faltaban mil euros para el traslado, la culpa, concluye, es del Ministerio.