Así se ha expresado este martes la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores del Govern, Rosario Sánchez, en el pleno del Parlament, en una interpelación del Grupo Mixto, relativa a inversiones del Estado a Baleares.
Sánchez ha compartido, al respecto, un resumen de las inversiones estatutarias acordadas y percibidas en Baleares entre los años 2008 y 2014, que establecía la disposición transitoria novena del Estatuto de Autonomía del año 2007.
En concreto, ha detallado que Baleares recibió 1.854 millones en ese periodo temporal, de los que 1.224 millones correspondían a inversiones territorializadas y 359,7 millones a convenios entre el Estado y la Comunidad.
De este total, sin embargo, ha añadido, en el año 2011 y debido al cambio de Gobierno en España, hubo una parálisis de las inversiones estatutarias y se tuvieron que devolver 58,5 millones de euros de estas, una cantidad a la que hubo que sumar otros 6,4 millones por intereses derivados de procesos judiciales.
Todo esta situación, ha asegurado la consellera Rosario Sánchez, «se ha tenido muy en cuenta a la hora de negociar el Régimen Especial de Baleares (REB)».
Así, ha destacado, «se ha fijado que el factor de insularidad no tenga un tratamiento de subvención, a diferencia de lo que ocurría con las inversiones estatutarias» porque, ha explicado Sánchez, «lo importante no es lo que se presupuesta sino lo que se ejecuta».
En este sentido, ha considerado que «el factor de insularidad, al igual que los fondos europeos, servirá de palanca para el cambio de modelo económico en Baleares, que propone el ejecutivo, consensuado con agentes sociales y económicos».
Este cambio de modelo económico, ha señalado, «se define en el Plan de Inversiones Estratégicas, con un total de 91 proyectos, que versan sobre turismo, economía, salud, vivienda, empleo, educación e igualdad, entre otros».
Castells:«Tememos que el fondo de insularidad sea una estafa»
Por su parte, el portavoz parlamentario del Grupo Mixto-MÉS per Menorca, Josep Castells, ha calificado de «gran fracaso, de gran estafa, la disposición transitoria novena del Estatuto de Autonomía del año 2007».
Así, ha dicho temer que el factor de insularidad «también lo sea» porque, ha añadido, «esta figura no hace si no poner al día lo que decía la disposición transitoria novena».
Para Castells, «se aprecia una cierta continuidad entre una figura y otra» y ha pedido a Sánchez aclarar «qué procedimientos, calendario y criterios se seguirán para valorar los proyectos estratégicos que puedan acogerse al factor de insularidad».
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