¿Qué derechos otorgan las leyes a los ciudadanos en materia lingüística?
—De la declaración de oficialidad de la lengua se derivan primariamente el derecho a conocer el idioma y por tanto de aprenderlo; el derecho de opción lingüística, que significa que el ciudadano debe poder relacionarse y ser atendido por cualquier administración radicada en el territorio en su lengua de preferencia; y el principio de no discriminación por razón de lengua.
Dice que la Administración debe garantizar el respeto a los derechos lingüísticos. ¿Está pasando?
—En estos casi cuarenta años de oficialidad del catalán en Balears se han producido avances en el proceso de normalización, especialmente en las institucionales y en la enseñanza. Pero sigue habiendo asignaturas pendientes en determinados ámbitos donde el catalán tiene un peso residual, que no se corresponde con la vitalidad que tiene en general en la sociedad mallorquina. Así, los derechos lingüísticos se deben garantizar en el ámbito sanitario, las comisarías y los tribunales. Son espacios que se han mostrado poco permeables al uso del catalán y en los cuales los derechos lingüísticos aún no se garantizan suficientemente.
¿Qué opina sobre el proyecto de ley educativa del Govern?
—El proyecto da continuidad al modelo lingüístico escolar de los últimos 25 años, que ha funcionado con un consenso destacable en la comunidad educativa. Y da rango de ley al contenido de lo que se conoce como Decret de Mínims, que fija que al menos el 50 % de las clases deben impartirse en lengua catalana. Las autoridades educativas deben garantizar que quien finaliza la escolarización obligatoria tenga una competencia comunicativa suficiente en los dos idiomas oficiales y, a partir de ahí, fijar la proporción que resulte indicada para alcanzar ese objetivo.
¿Qué queda por hacer en materia lingüística en el ámbito empresarial?
—En los borradores del anteproyecto de ley de protección de los consumidores y usuarios se recogen algunos derechos lingüísticos en este ámbito, como los relativos a la información o instrucciones de los productos, o los contratos, que se deberán ofrecer en la lengua de preferencia del consumidor. Pero no se recuperan en este texto ni si recuperaron en la reforma de la ley de comercio de 2016 algunos aspectos presentes en la ley de comercio de 2001 y que fueron suprimidos por el Govern Bauzá, como los referidos a la rotulación de los establecimientos o la disponibilidad lingüística para empresas de más de tres trabajadores.
¿Para qué sirve la Oficina de Drets Lingüístics?
—Para dar al ciudadano seguridad lingüística: se vela para que pueda ejercer sus derechos con normalidad y, en caso de no haberla, se produce una reacción institucional encaminada, con vocación mediadora, a resolver el problema.
