El acceso a la vivienda es uno de los principales problemas de los ciudadanos de Baleares. | Pixabay

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El acceso a la vivienda es uno de los principales problemas a los que tienen que hacer frente los ciudadanos de Baleares, debido a la escasez de inmuebles disponibles y a sus elevados precios.

El director de Corredordefondos.com, Luis García Langa, sostiene que «hay varias ayudas y no todas encaminadas a facilitar la compra de vivienda. En este sentido, la única sería indirecta: facilitar que las empresas paguen más a sus trabajadores vía participación en beneficios, fomentar el emprendimiento empresarial para que haya más renta disponible en las familias, rebajar impuestos y favorecer la concesión de licencias rápidas y sostenibles para incrementar la oferta de vivienda».

En su opinión, «no hay que obviar el mercado del alquiler, que es muy útil y muy utilizado en países económicamente más poderosos. Fomentar la seguridad del propietario para que pueda alquilar tranquilamente, ayudar en las reformas de viviendas, poner en alquiler social toda la partida de inmobiliaria de bancos que hayan sido rescatados directa o indirectamente, fomentar proyectos públicos-privados para la construcción sostenible de vivienda de alquiler social (nunca de venta) ... todo ello haría que bajara el precio del alquiler, que es tanto o más necesario que el de compra-venta».

Pau A. Monserrat, economista de Futur Legal y profesor asociado de la UIB, cree que «evitar una subida del precio de la vivienda en las Baleares está fuera de la capacidad del sector público. Pero sí puede aplicar medidas para compensar esta dificultad, entre las que destacaría dotarse de una oferta de vivienda pública en régimen de alquiler potente y bien gestionada, accesible no solo a familias en exclusión social sino a capas más amplias de la población».

Por otro lado, entiende que «hay que modificar la legislación a nivel nacional para que sea más atractivo para los propietarios poner en alquiler residencial sus viviendas. Y eso para por mejorar la legislación en materia de registro voluntario de buenos pagadores, agilidad a la hora de desalojar inquilinos impagadores (que deberían tener alternativa habitacional pública de necesitarlo), etc.».

El agente inmobiliario Luis A.Cabezas Echegoyen cree que «es una responsabilidad de todos como sociedad en su conjunto. Debiéramos comenzar con más controles por parte del Banco de España, no permitir bajo ningún concepto sobrepasar el 80 % de financiación; nos estamos acercando a prácticamente el 100%. Los inversores y grandes empresas constructoras que obtienen beneficios exorbitados y los usuarios de tratar de hacerse más de cultura financiera; si nos endeudamos a nuestra máxima de posibilidades a la primera que llega una crisis o aumenta la tasa de interés o vamos a parar el Paro, no podemos pagar y nos quitan el piso».