Visto el éxito del operativo, el Consell de Ibiza volverá a infiltrar a rastreadores en las fiestas ilegales.

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El servicio de rastreadores contratado por el Consell de Ibiza se ha infiltrado en un total de siete fiestas ilegales durante el mes de agosto. De estas fiestas, cuatro se han localizado en el municipio de Sant Josep, dos en Sant Antoni y una en Santa Eulària, han informado este jueves el vicepresidente de la institución Mariano Juan y la directora general de la Oficina de Lucha contra el Intrusismo, Naihara Cardona, en rueda de prensa.

En estas siete fiestas se han denunciado a un total de 29 personas implicadas directamente en la fiesta, de las que 17 estaban relacionadas con la organización de la fiesta y los momentos previos como los encargados de vender entradas o cobrarlas, entre otras tareas, y otras 12 formaban parte de la logística, como los encargados de transportar a los clientes hasta la vivienda. Asimismo, tanto Cardona como Juan han destacado que en ninguno de los casos la celebración se desarrolló en una vivienda dada de alta como turística. Además, desde la máxima institución han remitido las 29 denuncias de las personas implicadas a los diferentes ayuntamientos, otras 29 al Govern balear y 17 denuncias a la Agencia Tributaria por si considera que hay una actividad económica sin declarar.

En rueda de prensa, la directora general de la Oficina de Lucha contra el Intrusismo ha resaltado un caso particular que ha sido remitido tanto a la Agencia Tributaria como a la Conselleria de Salud. Se trata del caso de una mujer que, bajo el pseudónimo Anita Dinamita en redes sociales, ha comercializado entradas de al menos tres fiestas ilegales y es administradora de un grupo de Whatsapp. Anita Dinamita, presumiblemente, trabaja en el IB-Salud por lo que se ha puesto en conocimiento de las autoridades sanitarias por si consideran necesario abrir una investigación.

El vicepresidente de la máxima institución insular ha adelantado que, vistos los resultados, el Consell volverá a recurrir a este servicio de rastreadores durante el próximo año, si bien lo hará mediante un contrato mayor y durante más tiempo. Juan ha matizado que con esta medida, que tenía como objetivo colaborar con los ayuntamientos y con el ejecutivo balear, se ha constatado que “estamos dispuestos a ayudar” para luchar contra el intrusismo. El vicepresidente, que ha señalado que se ha perseguido la “actividad profesionalizada”, ha resaltado que, aunque las fiestas ya existían antes de la covid y seguirán existiendo, es necesario frenar este modelo irregular. “El descontrol nos llevará al final del turismo”, ha dicho Juan que ha advertido que las fiestas ilegales se extenderán a otras islas.Además del servicio de rastreadores, que se ha adjudicado mediante contrato menor (15.000 euros) para el mes de agosto, desde el Consell de Ibiza reclaman también un cambio normativo para actualizar las sanciones. “Cuando una casa se convierte en una discoteca ya no es una casa, es una empresa”, ha concluido.