Imagen del emisario de Emaya en la bahía de Palma. | GOB

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Un juzgado de Palma ha llamado a declarar como testigos a todos los directores generales de Medi Ambient del Govern de los últimos veinte años. El magistrado Antoni Garcías instruye una derivada de la causa por los vertidos de Emaya a la bahía que indaga si el ejecutivo de la Comunitat Autónoma eludió sancionar durante décadas a las administraciones locales que incumplían la normativa de depuración.

Las comparecencias tendrán lugar a finales de este mes y declararán seis antiguos altos cargos del Govern que pertenecen a PP, PSOE, Més y la extinta Unió Mallorquina. La causa surge a partir de una denuncia presentada por la Asociación de Navegantes del Mediterráneo y discurre en paralelo a la causa que instruye el Juzgado de Instrucción 12 sobre los vertidos de Emaya.

A la denuncia inicial se suma un informe del Seprona de la Guardia Civil que concluía que los vertidos del emisario del Torrent Gros habían provocado graves daños a la pradera de posidonia. Ese documento estimaba que desde el año 2003 se produjeron más de 1.200 vertidos de aguas sin depurar a la bahía y concluía que, a pesar de esa situación, desde el Govern no se había abierto ningún tipo de expediente sancionador a las autoridades de Palma.

Por el contrario, el Seprona ponía de manifiesto que la Conselleria sí había actuado en otras ocasiones y que al menos había incoado 44 expedientes por vertidos en el periodo investigado. Así, concluía que la dirección general era conocedora de los vertidos de aguas y su daño a la posidonia.

Prescripción

En la causa, por el momento, está personada la denunciante y el Govern como administración contra la que se dirigen las acciones. La Abogacía de la Comunitat ha planteado la existencia de una investigación que persigue hechos que ya habrían prescrito y defendido la actuación en esta situación concreta que deriva de los problemas de la red de saneamiento de Palma y de la depuradora.

La causa por los propios vertidos está en otro juzgado a la espera de que la juez decida qué hacer con ella. Hace más de un año la defensa de Neus Truyol, la actual concejal de Urbanismo de Cort, y la propia Emaya reclamaron el archivo de las actuaciones. La Fiscalía especializada en Medio Ambiente se opuso y pidió a la juez la continuación de las actuaciones y el procesamiento de Truyol y el resto de investigados para poder llevarlos a juicio. Sin embargo, esta petición está aún pendiente de resolver tras varios cambios en el juzgado que la instruye que espera la llegada de un magistrado titular.

Las defensas siempre han sostenido en esta causa que se trata un problema heredado con décadas de antigüedad y que se habían iniciado los pasos y las contrataciones necesarias para solventarlo que pasan por la construcción de una nueva depuradora. Argumentan que fueron los primeros en hacer público cuando se producía un vertido.