El Consell ha ejecutado dos demoliciones en suelo rústico a la semana desde 2017.

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La Agència de Defensa del Territori (ADT), organismo adscrito al Consell de Mallorca, ejecutó entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de junio de este año un total de 465 demoliciones de construcciones ilegales en suelo rústico. Esto significa que de media se ha actuado a un ritmo de dos demoliciones por semana.

Algaida, con áreas de suelo rústico muy parceladas, es el que más demoliciones ha concentrado: 72. Le siguen Marratxí, con 45, y Felanitx, con 30. En Montuïri se han registrado 25, mientras que Artà suma 21 demoliciones en estos cuatro años y medio, tantas como Selva. Cabe remarcar que la ADT ejerce la inspección urbanística en rústico en Algaida, Marratxí y Montuïri desde 2010, mientras que en Artà y Felanitx no asumió la competencia hasta 2015. En Selva lo hizo en 2017. 34 ayuntamientos han delegado la inspección en rústico a la ADT, pero la mayor parte lo hizo a partir de 2017.

Las razones que podrían explicar por qué la Agència ha actuado más en estos municipios son múltiples y complejas. Concurren la superficie del término clasificada como rústico común y el nivel de parcelación de este suelo. Que la ADT lleve más tiempo ejerciendo la inspección también parece incidir en el número de derribos, pero Puigpunyent, Campanet y Son Servera las delegaron en 2009 y 2010 y en conjunto suman solo 33.

En Andratx, que no cedió la competencia hasta 2020, se han ejecutado 16 demoliciones. Llaman la atención los casos de Mancor y Búger, con términos con escaso suelo rústico que sin embargo reúnen 15 y 13 demoliciones. También podrían comentarse los casos de los pueblos en qué la parcela mínima para edificar en rústico no es de dos sino de tres quarterades, como por ejemplo Llubí, con 8 derribos, o Santa Eugènia, con 6.   

Sin delegación

Los ayuntamientos de cuatro de los seis municipios donde no se ha ejecutado demoliciones mantienen la competencia en rústico: Palma, Escorca (con un término muy poco parcelado y un suelo rústico muy protegido), ses Salines y Lloseta. Los dos restantes, Consell y Vilafranca, no la cedieron hasta 2020 y 2018, respectivamente.

En Sant Llorenç des Cardessar, que no ha cedido la competencia, sólo se han ejecutado dos derribos; y en Santa Margalida, donde también la mantiene el Ajuntament, solo una. Banyalbufar y Estellencs, que también las mantienen, únicamente suman dos demoliciones en conjunto.