La Fiscalía recuerda que la prisión preventiva la aplica en casos de especial gravedad como homicidios imprudentes. En la imagen, el accidente de Sa Rápita en el que murió atropellada la niña Paula Fornés. La autora ingresó en prisión tras ser condenada a cuatro años y nueve meses. | Vasil Vasilev

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En la cárcel de Palma cumplen condena 184 personas condenadas por delitos contra la seguridad vial. Este colectivo, casi testimonial hasta hace poco tiempo supone ya el 13 por ciento de los reclusos y muestran el progresivo endurecimiento de la legislación y la aplicación cada vez más dura de las leyes contra los conductores temerarios.

En segundo grado se encuentran 144 personas, a las que se unen otros cuarenta que se encuentran en tercero en el Centro de Inserción Social.

En la gran mayoría de casos se trata de grandes reincidentes que, tras acumular condenas que suponen penas de multa y retiradas de carné continúan delinquiendo. De acuerdo con los datos que recoge la Memoria de la Fiscalía de Balears, en 2020 además otras 446 personas cumplieron penas de trabajos en beneficio de la comunidad y otros 33 condenados pasaron por cursos e intervenciones psicoeducativas en seguridad vial.

El delito más frecuente que termina con el ingreso en prisión es la conducción sin permiso de conducir o con este documento retirado por alguna condena o resolución previa. Son 89 los reclusos por este motivo.

Le siguen los delitos de conducción bajo la influencia del alcohol o las drogas, con 33 y la negativa a realizarse las pruebas de alcoholemia, por lo que hay en prisión 13 personas.

Según la memoria, dos presos más responden a conducción temeraria, cinco a provocar riesgos para la circulación, uno por homicidio imprudente y otro por conducir a una velocidad superior a la permitida.

Ingresos preventivos

Además de estos reclusos se han producido varios ingresos preventivos en los últimos meses, si bien la Fiscalía señala que se trata de algo «restrictivo y excepcional, reservado para supuestos de multirreincidentes o supuestos de especial trascendencia y gravedad».

Explica que se ha reservado para delitos contra la seguridad vial en los que también concurría un homicidio imprudente o una omisión del deber de socorro.

La gran mayoría de los delitos de tráfico terminan en condenas a través de juicios rápidos sin apenas instrucción. Fueron más de 2.800 en Balears el año pasado frente a los 800 asuntos que pasaron a tramitarse como diligencias previas en juzgados de Instrucción.

La misma memoria refleja que, a lo largo de 2020 se produjeron 1.705 accidentes de tráfico en Balears, en los que 1.244 personas resultaron heridas y se registraron 26 fallecidos frente a 1.109 heridos leves.

También alerta de la especial incidencia de la siniestralidad en motociclistas que, a pesar de que representan solo el 13,4 por ciento del parque de vehículos suponen el 30,77 por ciento de los fallecidos en carretera. La Fiscalía también se ha interesado por los accidentes de vehículos de movilidad personal.

Investigaciones por homicidio imprudente

La Memoria de la Fiscalía refleja que, a lo largo de 2020 se iniciaron una decena de investigaciones por un posible delito de homicidio imprudente vinculado con accidentes de tráfico. De ellos, siete terminaron archivándose porque la responsabilidad pudo ser del propio conductor fallecido o por falta de pruebas del delito. La estadística refleja que 2020 fue el segundo año con menos muertes en las carreteras del siglo XXI.