En su declaración, Segura admitió a preguntas del fiscal que mantuvo una resistencia activa para evitar ser desalojado por la Policía Nacional. Se agarró a la silla de ruedas del menor discapacitado que vivía en el inmueble a desalojar y más tarde de la verja. «No quería que se llevaran a Óscar», admitió porque entendía que era la manera de postergar el lanzamiento. Su intención, aseguró, era mediar para que se esperara porque estaban convencidos de que se iba a suspender por un acuerdo entre las partes. Su defensa esgrimó a su favor los informes de la defensora de la Ciudadanía de Palma en contra de ese desalojo, que se llevó a cabo en diciembre de 2019.
El jefe del dispositivo policial que intervino, relató a la juez que era la cuarta vez que se intentaba llevar a cabo ese desahucio y que, por eso, el juzgado requirió apoyo policial. Acudieron 24 agentes de policía que se encontraron con una cadena humana. Ante la posible tensión, admite que dejó entrar a Segura en la zona que estaba acotada para que intentara calmar los ánimos. No fue eso lo que ocurrió: «Al final se agarró a la silla y a la reja del portal y tuvimos que sacarlo» con un fuerte forcejeo. El policía asegura que informó en varias ocasiones a los manifestantes de la existencia de una orden judicial y que llamó en tres ocasiones para confirmar que el desalojo seguía en vigor.
La fiscal sostiene que Segura intentó impedir el funcionamiento de los servicios públicos y mantiene contra él la petición de una multa. Su defensa se apoya en lo conflictivo de ese desahucio en el que existían discrepancias administrativas ante la precaria situación de la familia. Un grupo de una decena de activistas acompañó a Segura a la entrada del juzgado como muestra de apoyo.
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