Martí March, conseller d'Educació. | Marcelo Sastre

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El conseller de Educación y Formación Profesional, Martí March, ha recordado que «lo único» que hace el Govern aplicando la impartición de religión islámica en algunos centros educativos es reconocer los derechos de una parte de la población y aplicar la normativa vigente.

«No se quita ninguna religión ni se va en contra de ninguna creencia, otro debate será el de la presencia de la religión en la escuela, que habrá que abordar tarde o temprano», ha puntualizado el conseller en una rueda de prensa.

Así, ha insistido en que el Ejecutivo autonómico en virtud de los acuerdos con las confesiones religiosas y la normativa estatal está obligado a ofrecer como materia optativa la religión islámica, aunque de momento sea únicamente en tres centros.

March ha expresado su deseo de que la llegada de la religión islámica a tres centros en Lloseta, Ses Salines y Colònia de Sant Jordi no sea «motivo de división en la sociedad y la comunidad educativa» y ha expresado su preocupación de que desde algunos sectores se aproveche para crear una «situación de conflicto innecesario».

«Los centros educativos son espacios donde conviven personas de diferente religión, procedencia o ideología política», ha argumentado.

Según ha apuntado, unas 950 personas se han interesado hasta el momento por la posibilidad de cursar la materia, 150 en los centros seleccionados.

Además, el conseller ha explicado que los dos profesores que a día de hoy impartirán la asignatura cumplen con los mismos requisitos que los 145 profesores de religión católica, como el relativo a la enseñanza en catalán y sus titulaciones.

Por su parte, el director general de Planificación, Antoni Morante, ha detallado que se ha optado por limitar la oferta en este primer curso a tres centros para «evitar desequilibrios en la escolarización» y que no se produzca un «efecto llamada» de alumnos a estos centros que rompan el equilibrio.

Martí March ha recordado que el convenio con los representante de la Comisión Islámica se firmó ya hace dos años y que el pasado curso no pudo ponerse en marcha por el estallido de la pandemia.