Los dos pisos, situados en el número 17 de la paseo, fueron subastados en 2017 por el Govern, que consiguió por ellos más de cuatro millones de euros. En las cláusulas del concurso se incluía una cesión gratuita a la Conselleria de los dos inmuebles, situados en el tercer y cuarto piso, hasta el 30 de diciembre de 2019. En ellos había una serie de oficinas de la Administración. Sin embargo, llegó el plazo y el propietario no recibió las llaves ni ninguna explicación más. La Administración devolvió el tercer piso con tres meses de retraso, pero no devolvió las llaves del cuarto hasta octubre del año pasado. Diez meses sin abonar ningún tipo de alquiler.
La propiedad giró una factura a la Conselleria a razón de un alquiler de 3.000 euros mensuales más IVA por cada uno de los dos pisos. La Administración no discute la deuda y ha iniciado un procedimiento para compensar a la mercantil. El incidente ha pasado también por el Consell Consultiu para su dictamen.
En su informe, este órgano señala que «sean cuáles sean las circunstancias circundantes, no cabe duda que hubo morosidad en el cumplimiento de la puesta a disposición de los locales al comprador, por lo que existe acreditada una responsabilidad contractual». El órgano también da por bueno el cálculo que hace la propia Administración sobre el dinero que tiene que abonar por los diez meses que dejó de pagar. La cuantía ha sido calculada por el departamento de arquitectura de la propia Conselleria en base a los alquileres de la zona del Born, una de las más caras de Palma.
Con IVA
El informe descarta que, por el momento, el Govern tenga que abonar intereses de demora por la reclamación pero sí que tiene que asumir un gasto adicional por los impuestos. También recuerda que no se trata de un supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración sino de un incumplimiento de contrato idéntico al que puede cometer un particular. De tal manera que encarga al conseller que resuelva el procedimiento y que orden el pago del alquiler adeudado.
Los dos pisos habían sido propiedad del Govern al menos de 2013, desde que se extinguió su anterior propietaria, la empresa CAIB Patrimoni. Más de una década después se decidió su venta después de que hubieran alojado, entre otras dependencias, a parte de la Abogacía de la Comunitat.
La subasta se llevó a cabo en 2017 y se inició con un precio de 3,8 millones de euros entre ambos inmuebles y la venta se saldó por 2.162.000 euros y 2.312.000 euros respectivamente. Ahora, el retraso en la entrega de la vivienda supone una parte de esas cantidades.
Oficinas del servicio de arquitectura
Los okupas de los dos pisos en medio del Born eran los servicios de arquitectura de la propia Conselleria d’Habitatge. El retraso en desalojar las instalaciones y en hacer entrega de las llaves provoca ahora el pago de la compensación a los propietarios que, desde finales de 2020, ya tienen el pleno dominio de los dos pisos del edificio.
34 comentarios
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Con razón no luchan contra los okupas, ellos mismos lo hacen.
Bueno, habria que averiguar de quien es la culpa, porque así., paga el ciudadano. Són intocables!!!!!!!
Vaya titular ridícuIo, osye .
Se trata de las intocables izquierdas, y no pasa nada.
Eso suena turbio, primero una subasta barata para donde está la propiedad y luego una compensación económica, analicen ustedes.
Si investigan, que no lo harán, sabrían quién o quiénes son los responsables de esta incompetencia e ineptitud, que si fuese en la empresa privada ya estarían en la cola del INEM. Ahora pagaremos todos el que no sepan gestionar sus presupuestos.
quien establece 3000 mensuales de alquiler? hay un contrato previo? porque tenemos que pagar de forma solidaria una deuda ocasionada por incompetencia o quizás concurrencia delictiva? porqué no se investiga y se depuran responsabilidades penales si las hubiere?
Es increible que no existan mecanismos para evitar estos chanchullos y los funcionarios responsables de esa operacion no tengan ningun tipo de responsabilidad. Luego se quejan del fraude fiscal de los particulares o empresas.. pues claro q hay fraude fiscal de los demas si los mismos funcionarios roban.
¿Qué partida presupuestaria se aprobó destinar para pagar el alquiler de dos pisos okupados ilegalmente por del DESGOVERN? ¿ quién autorizó esa partida presupuestaria?
Tonterías aparte, con el rollo okupa, aquí hubo políticos y funcionarios, pues ya está, queda más que explicado. Y no resarcirán al erario público por su típico modo de actuar, eso exigiría más papeleo y no están dispuestos. Con auténtico riesgo de pagar de su propio bolsillo, habrían desalojado puntualmente.