El Govern ha informado este viernes de que entre julio y agosto de 2021 han abierto 62 actas de infracción por fondeos en zonas protegidas, chárteres ilegales y embarcaciones de alquiler que no cumplían las medidas COVID o por irregulares tributarias.
En una rueda de prensa, el conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, y el conseller de Medioambiente y Territorio, Miquel Mir, han explicado que esta ha sido una operación conjunta entre sus administraciones, la Guardia Civil y Autoridad Portuaria de Baleares (APB).
El objetivo del operativo es controlar las buenas prácticas de las embarcaciones en el medio marino. Por ello, se ha prestado especial atención a los barcos de alquiler, al fondeo sobre posidonia o «a la recogida de personas en puntos no habilitados para ello».
También se han llevado a cabo controles de documentación y permisos, así como de títulos para el manejo de las embarcaciones.
Marí ha aseverado que en muchas ocasiones este tipo de prácticas generan una competencia desleal hacia aquellos que sí cumplen la normativa. Evitar que esto suceda es otro de los objetivos.
El primer puerto en el que actuó este operativo conjunto fue Sant Antoni de Portmany, el pasado 10 de agosto, que terminó con 11 actas de sanción. También se ha actuado en los puertos de Palma, Andratx, Sóller y Alcúdia, donde se han abierto 51 actas de sanción.
Así, Mir ha remarcado que «la presión sobre la costa y el medio marino de Baleares aumenta considerablemente durante la temporada turística, por lo que es necesario estar pendiente de las actividades relacionadas con el sector náutico».
Cabe destacar que el operativo no ha terminado, sino que continuará con controles en las diferentes islas mientras dure la temporada.
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