Manifestantes en una de las concentraciones de la Resistencia balear. | Pere Bota

20

Muchas familias han tenido que hacer frente a sanciones impuestas por incumplir las normas decretadas durante los estados de alarma o periodos de restricciones durante la pandemia. Sin embargo, una gran mayoría vio anulada su multa después de que una sentencia del Constitucional tachara de inconstitucional el confinamiento.

La dificultad recae, ahora, en  recurrir una multa que, para el sancionado, es injustas o ajena a la realidad. El abogado Gregorio San José considera que los importes son «desproporcionados» y que, al considerarse este tipo de sanciones «muy recientes», hay poca información para valorar la situación de cada infractor.    Desde el Govern recuerdan que el decreto sancionador prevé multas leves de 100 a 3.000 euros;de 3.001 a 60.000 euros para infracciones graves y hasta 600.000 para incumplimientos muy graves.

Uno de los ejemplos más destacados durante el primer estado de alarma fue el del joven Adrián García, multado en abril de 2020 por desplazarse en coche con su padre al veterinario porque su perra, ‘Mika’, estaba enferma. La Guardia Civil propuso para sanción a este chico y a su padre por incumplir el estado de alarma. Finalmente, se aceptó la justificación porque se trataba de un caso de fuerza mayor.

En el caso de Marta Simonet, presentadora de televisión, fue multada por la Policía Local también en abril de 2020. En su caso, no se justificaba su desplazamiento en vehículo con su marido, aunque ella alegó que ambos iban a trabajar. «Al final nunca me llegó la multa. Te hacen pasar el mal rato y después ven que no era sancionable», criticó ayer a este medio.

Alegaciones

Noticias relacionadas

El desconocimiento de saber cuándo y cómo recurrir una multa provoca, en muchas ocasiones, que se pierda ese plazo para alegar: «Si no se recurre se inicia un expediente sancionador y llega a la resolución, con lo cual se ejecuta y se está obligado a pagar el importe», explica el abogado Gregorio San José. El periodo para alegar una multa es de 15 días desde que llega al domicilio. «Está claro que con el primer estado de alarma no hay duda que se anularán las multas. Pero a partir de julio de 2020, los juzgados tendrán que valorar el recurso», aclara.

La personas que alegan tendrá que presentar pruebas que justifiquen su presunción de inocencia. «Si se admiten los documentos, el instructor tendrá que resolver y hacer una propuesta de resolución y fijar la sanción. Tras esto, habrá otro periodo de alegaciones de 15 días hasta la resolución definitiva», matiza. Y de ahí a juicio si no se gana.

Ultima Hora publicó este martes el caso de una mujer que explicaba que no puede pagar una infracción de 3.001 euros de su hijo menor. Fue propuesto para sanción, junto a sus amigos, por hallarse en la vía pública más de seis personas. El acta data de 30 de diciembre de 2020, aunque la notificación les llegó el 11 de agosto. «Un expediente sancionador debe estar resuelto en un año», aclara el abogado, preguntado por el periodo que tiene la Administración para informar de una sanción. Los jóvenes no tuvieron constancia del acta. Fuentes de la Policía Local reconocieron ayer que entonces no se daban porque se pensaba, erróneamente, que el papel transmitía el coronavirus.

Algunos restauradores de la Resistencia balear asumen multas de hasta 30.000 euros por varias manifestaciones a principio de año. Se les sancionó por desobediencia y por incumplir las restricciones de circulación. Entre ellos está Víctor Sánchez, su líder en aquel momento.