El encarecimiento de la electricidad y los carburantes ponen en riesgo la recuperación de la economía balear

El catedrático de economía aplicada de la UIB y director gerente de la Fundació Impulsa, Antoni Riera, explica que la recuperación económica descansa en el coste de la deuda fundamentalmente y avanza que «un incremento de la inflación provocaría un aumento del coste de la deuda». En este sentido, argumenta que uno de los objetivos de la política macroecnómica es mantener los niveles de precios cercanos al 2 %, aunque debido a la coyuntura actual el Banco Central Europeo (BCE) podría aceptar un nivel ligeramente superior.

Riera argumenta que las noticias que llegan de EEUU y de Europa reflejan una tensiones inflacionistas debido al encarecimiento del petróleo, de la electricidad y al aumento del consumo en un contexto de recuperación económica. A su modo de ver, se debe «intentar mantener el incremento de los precios en unas bandas razonables, siempre por debajo del 3%».

El catedrático de economía aplicada de la UIB y director de la Fundació Impulsa reconoce que Baleares no tiene instrumentos para controlar estas subidas de precios, aunque sí puntualiza que las Islas deben trabajar para aumentar las energías renovables a medio plazo y así disminuir la dependencia energética exterior lo que permitiría a su vez bajar el precio de la electricidad.

«Cuando hay tensión inflacionista lo más razonable es contrarrestarla con los tipo de interés o la retirada de liquidez en los mercados. Así se enfrían los precios aunque con ello se pone en riesgo a la recuperación económica», concluye.

Luis García Langa, director de Corredordefondos.com, expone que la recuperación de la economía balear puede estar en riesgo por dos razones. La primera de ellos es la subida de los precios, ya que tanto la electricidad como los combustibles son productos de demanda inelástica, es decir, que aunque suban los precios se van a consumir igual. En este sentido, explica que si suben los precios de las camisetas se pueden comprar menos, pero en el caso de la luz y los carburantes no es posible, como mucho se puede reducir el consumo pero no eliminarlo. «En unos momentos de crisis económica, de menos renta disponible para las familias, hay menos capacidad de gasto, que se incrementa, y no podemos hacer nada para disminuir este impacto de precios», explica.

Además, Langa advierte que las empresas probablemente van a tener que repercutir este incremento de costes en los servicios que ofrecen a sus clientes. «El precio de la gasolina es muy importante porque para traer los productos a sus tiendas seguramente el transportista habrá aumentado el coste. Además, tienen que pagar una factura de la luz más elevada porque tienen que consumir en las horas más caras de la electricidad».

El segundo motivo es la inflación, que también podría dar lugar a una subida de precios. «Esa subida de inflación repercute en menos renta disponible y en los ahorros de las familias, que normalmente los tienen e malos productos de inversión. Sus ahorros ahora son mayores, porque en las crisis se incrementa su poder adquisitivo, pero hace que no te haya valido de nada ahorrar».

Pau A. Monserrat, economista de Futur Legal y profesor asociado de la UIB, sostiene que el coste de la energía es un componente esencial del coste final de los bienes y servicios ofrecidos por las empresas de Baleares. «Su encarecimiento impacta de lleno en sus cuentas de pérdidas y ganancias, ya muy debilitadas por el efecto de las medidas tomadas para afrontar la pandemia. Para el consumidor, por otro lado, supone un debilitamiento aún mayor de su bolsillo, impactando de lleno en las economías familiares que no llegan a fin de mes y no tienen acceso a bono social alguno».

En este sentido, asegura que «la economía balear sufre los estragos del encarecimiento de la energía y del carburante, además, en una posición inicial de clara inferioridad respecto a la inmensa mayoría de regiones españolas, por varias razones». Entre otras, Monserrat cita a la crisis derivada de la COVID-19, que «impacta de forma directa en los modelos de negocio dependientes del contacto físico y la movilidad, como es el sector turístico; así como los costes de insularidad, que el propio Govern cifraba en más de 400 millones».

A su modo de ver, suponen un freno a la creación de industrias competitivas, además de afectar negativamente al resto de sectores empresariales isleños. El citado economista denuncia «el maltrato fiscal que hemos sufrido de forma histórica, disimulado solo ahora con las ayudas para los ERTE y demás recursos enviados desde Madrid (algunos, como los 850 millones de euros para empresas baleares golpeadas por la COVID-19, prometidas pero aún pendientes), impide que hayamos armado una economía de futuro y competitiva».

En su opinión, «la economía de las Islas se enfrenta a desafíos muy complejos, con una muy posible reconversión turística, si la COVID-19 ha llegado para quedarse, como muchos expertos vaticinan. Convivir con un virus que nos aleja físicamente y una industria turística de masas no parece tarea fácil. Además, la lucha contra la emergencia climática supone minimizar la huella de carbono, es decir, encarecer los vuelos y demás transportes».

Monserrat concluye que «decisión, aciertos, voluntad de mejora y trabajo conjunto y leal del sector público, privado y sociedad civil son imprescindibles si queremos resurgir de nuestras cenizas».